El presidente de Chile, Sebastián Piñera presentó el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, instancia que prevé impulsar el desarrollo económico y social de la región de La Araucanía, al sur del país, donde tradicionalmente habita el pueblo mapuche y que se ha visto sacudida por una serie de hechos de violencia entre representantes del pueblo originario y el Estado chileno.
En este contexto el Mandatario chileno expresó que el acuerdo se alcanzó tras 150 días de diálogo y trabajo entre comunidades indígenas, ciudadanos, empresarios, autoridades regionales y 10 ministerios involucrados, lo que constituye un esfuerzo mancomunado para disminuir brechas sociales y preparar a la región para avanzar hacia un desarrollo integral e inclusivo, tomando en cuenta las diferencias culturales que la caracterizan.
En esta línea acotó que la iniciativa tiene como ejes de acción la implementación de 7 medidas que beneficien y reparen a las víctimas de hechos de violencia rural en La Araucanía, afectadas gravemente en su seguridad y en sus bienes mediante subsidios, fondos, créditos hipotecarios, préstamos bancarios, asistencia social, entre otros.
Además contempla rescatar la importancia de las culturas indígenas y otorgarles el reconocimiento formal y constitucional que asegure la protección, igualdad y no discriminación de los nueve pueblos indígenas del país.
Por último prevé sacar a la región del retraso en que se encuentra y lograr que sus indicadores sociales y económicos se alineen al promedio nacional, ya que la Araucanía es la región con más pobreza, con mayor déficit de infraestructura, escuelas, hospitales, caminos rutas, además de encentrarse inmersa en un conflicto intercultural.
Críticas de comunidades mapuche
Por otra parte diversos representantes de las comunidades mapuche expresaron su disconformidad con este proyecto, pues estiman que el Plan Impulso Araucanía, solo pretende instalar una falsa paz en el territorio ancestral mapuche, al tiempo de reforzar la represión, militarización y prisión política, con el fin único de salvaguardar los intereses de las transnacionales y empresarios.
