Un conjunto de diputadas chilenas pertenecientes a diversos bloques políticos presentaron a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley de Despenalización del Aborto, de manera que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir en esta materia, al tiempo de evitar que las personas que tengan un embarazo no deseado sean criminalizadas o encarceladas por interrumpir de forma voluntaria la gestación dentro de las primeras 14 semanas.
El proyecto de ley que comenzará ahora su tramitación legislativa en la Comisión de Mujeres y Género, se presenta luego que entrará en vigencia la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo, instancia que señala que solo se puede incurrir en aborto bajo tres causales específicas que son cuando exista peligro para la vida de la mujer; embrión o feto padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y el embarazo sea resultado de una violación.
Si bien es cierto, en la normativa vigente se reconoce la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, esta no llega a abordar la realidad de las mujeres en el país, pues continúan vigentes sanciones penales a quienes decidan interrumpir un embarazo fuera de las estrictas causales previstas en la legislación.
”Queremos que cada maternidad sea deseada y que ninguna mujer sea criminalizada por decidir, por eso hoy, junto a diputadas de oposición y organizaciones sociales presentaremos un proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación”, afirmó la diputada Natalia Castillo.
De la misma forma la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini aseguró que con esta iniciativa se impulsa el derecho de cada mujer a decidir, además de evitar que ninguna niña o mujer sea criminalizada por efectuar un aborto o morir en un procedimiento clandestino o bajo condiciones precarias.
“Apoyamos este proyecto que no obliga a nadie a abortar, sino que impide que una mujer se vaya a la cárcel por decidir abortar y terminar con un embarazo no deseado”, dijo.
Por último el diputado Renato Garín apoyo la medida argumentando que existen organismos internacionales de Derechos Humanos que han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Es obligación del Estado eliminar la discriminación en contra de las mujeres.
