El presidente transitorio del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que llegó al poder sin pasar por las urnas y con el apoyo de los partidos independentistas, acepta que el fugado expresidente del Govern de Cataluña Carles Puigdemont, se juzgado en España por un delito menor, malversación y no por rebelión como condiciona el tribunal regional de Alemania para extraditarlo.
Sánchez, con sus acostumbradas contradicciones dice ahora que lo importante es que se juzgue al huido y arrecian las críticas porque se piensa que con esto le está agradeciendo a los separatistas por llevarlo al Gobierno desde el Congreso.
Lo insólito del presidente socialista es que defiende la euroorden y la respuesta alemana y tratando de explicar su posición, termina por dejar en evidencia otra de sus inexplicables acciones: “Cuando era líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno tengo la misma máxima: las resoluciones judiciales no se califican, se respetan, y esto hace este Gobierno, sea en España, en Bélgica, Alemania o donde sea”, pero es tan grande la contradicción porque al hablar de la sentencia judicial a los integrantes de La Manada, tanto Sánchez como los funcionarios del Ejecutivo, criticaron públicamente la liberación de los acusados. Un doble discurso claro.
El eurodiputado del PP, González Pons dijo en Twitter: “Exijo a Sánchez que suspenda la aplicación del Acuerdo de Schengen en España, como han hecho tantas veces otros países de la UE, hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada”.
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— Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 12 de julio de 2018
