La portavoz del nuevo Gobierno socialista y ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, ha señalado en rueda de prensa con periodistas que el Gobierno quiere remover las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: “Se puede tener seguridad en las fronteras sin necesidad de herir a las personas”. Las llamadas concertinas eran vitales para impedir la entrada masiva de inmigrantes indocumentados a territorio español.
Al respecto, ha señalado que “el control de las fronteras y la seguridad deben estar ligados a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos”. Además, ha avanzado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado un informe para establecer otros métodos de control distintos a las concertinas que garanticen la seguridad fronteriza.
La portavoz ha manifestado que Europa “tiene que ser consciente de que Ceuta y Melilla son fronteras comunitarias que no solo afectan a España y de que es preciso actuar en los países de origen y tránsito”.
Inmigrantes del Aquarius
La portavoz ha anunciado que la llegada de las embarcaciones con los 629 migrantes procedentes del barco ‘Aquarius’, recibirán la primera asistencia sanitaria en los barcos y, con posterioridad se les identificará, se les efectuará un reconocimiento médico y se estudiará la situación de cada uno de ellos de forma individualizada. Las seis mujeres que están embarazadas y los menores recibirán una atención especial.
En cuanto a si la decisión de acoger al ‘Aquarius’ puede suponer un efecto llamada, la ministra ha declarado que “vivimos en una sociedad extraordinariamente mediática”, en la que todos los países conocen como se vive en el resto del mundo, por lo que muchas personas arriesgan su vida para intentar vivir mejor.
Según analistas, estas facilidades provocarán una avalancha de migratoria que España no podrá resistir, además de la carga económica a los españoles que serán quienes en definitiva pagarán -con sus impuestos- la llegada e instalación masiva de inmigrantes en el país.
También para beneficio de la inmigración, el Gobierno de España anuncia que el Real Decreto Ley 16/2012 dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular (inmigrantes), por lo que hay que eliminarlo y aprobar uno nuevo para devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud. “Es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud”, ha dicho la portavoz del Gobierno.
Celaá ha explicado que se abrirá un proceso dialogado con las comunidades autónomas y con la sociedad civil para recuperar la universalidad sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.
