La decisión del juez federal Haroldo Nader, de la 6ª Vara Federal de Campinas, en el interior paulista, suspendió los beneficios del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por el cargo ocupado de 2003 a 2010. El despacho del juez de primera instancia obliga a la Unión a retirar del ex presidente a cuatro guardias de seguridad, dos conductores y dos asesores.
La retirada de los beneficios fue solicitada en una acción popular presentada por Rubens Alberto Gatti Nunes, justificando que no serían más necesarios en virtud de la prisión del ex presidente, que desde el 7 de abril cumple la pena establecida por el juez Sérgio Moro en la carcelaria de la Policía Federal, en Curitiba (PR).
En su decisión, el juez justifica que ocurre desviación de la finalidad, costeados por el erario, con el mantenimiento y el costeo de seguridades individuales, vehículos con conductores y asesores, “a un ex presidente que cumple una pena larga, de 12 años y un mes la reclusión, aunque con la posibilidad de progresión, además de mera expectativa en el momento, ocurriría sólo después de más de dos años”.
El juez resalta que Lula está bajo custodia permanente del Estado, en sala individual, o sea, bajo protección de la Policía Federal, que le “garantiza mucho más seguridad de lo que había tenido cuando estaba libre, con algunos agentes a acompañarle donde fuera”.
La retirada de los dos vehículos también fue justificada por el hecho de que cualquier desplazamiento del ex presidente sólo ocurrirá “bajo escolta de la Policía Federal. En cuanto a los asesores, el despacho informa que no hay justificación razonable, ya que el ex presidente está detenido, apartado de los quehaceres normales, actividad política, profesional e incluso social.
Al final del despacho, el juez Nader dice que el Ministerio Público Federal puede solicitar vistas del proceso, y que corresponde a la Unión la suspensión inmediata de los beneficios.
defensa
En una nota, los abogados del ex presidente Lula afirman que la decisión causa “perplejidad ya que todos los ex presidentes de la República, en virtud de ley (Ley nº 7.474 / 86) tienen derecho a cuatro servidores, para seguridad y apoyo personal”, la medida será impugnada por los recursos adecuados, “con la expectativa de que sea revertida lo más pronto posible”.
La defensa dice que ningún juez puede retirar derechos y prerrogativas instituidas por ley a ex presidentes de la República, añadiendo que hay dictámenes de juristas sobre la materia asegurando que las prerrogativas son vitalicias y no comportan ningún tipo de excepción.
“La acción en que se dictó esa decisión tiene manifiesto carácter político, ya que promovida por integrantes de movimiento antagónico a Lula y con el claro objetivo de perjudicar su honor y su dignidad”, informa la nota, resaltando que todos los bienes y recursos Lula fue bloqueado por decisiones dictadas por la 13ª. En el caso de que se produzca un accidente. Y en el caso de que se produzca un accidente.
La Secretaría General de la Presidencia de la República informó que aguarda la llegada del documento oficial para adoptar las medidas determinadas por la autoridad judicial.
Agencia Brasil.-
