Dos ratificaciones de un tratado clave sobre transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNP) han supuesto un gran impulso para su entrada en vigor.
Canadá y Turquía depositaron el lunes 23 de abril sus instrumentos de ratificación al Protocolo de 2010 al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio SNP).
Cuando entre en vigor, el Convenio proporcionará un régimen de responsabilidad e indemnización por los daños resultantes de la contaminación, incluidos los hidrocarburos y las sustancias químicas. El regímen cubre no sólo los daños por contaminación, sino también los riesgos de incendio y explosión, incluidos la muerte y las lesiones corporales y la pérdida o daños provocados a los bienes. El Convenio SNP establece el principio de que el que contamina paga al asegurar que el sector del transporte marítimo y el de las sustancias SNP facilitan indemnización a quienes sufren pérdidas o daños resultantes de un suceso SNP. Se establecerá un fondo SNP para pagar la compensación una vez que toque la responsabilidad del propietario del buque. Este fondo se financiará a través de las contribuciones pagadas tras un suceso por los receptores de las cargas SNP.
Tanto Canadá como Turquía proporcionaron datos sobre las cargas sujetas a contribución, tal y como indica el tratado. Turquía informó de que había recibido 25.4 millones de carga.
La entrada en vigor del tratado requiere la adhesión de por lo menos 12 Estados, que cumplan ciertos criterios de arqueo y que notifiquen anualmente la cantidad de carga SNP recibida en un Estado. El tratado requiere se haya recibido durante el año civil precedente una cantidad total de al menos 40 millones de toneladas de carga sujeta al pago de contribución a la cuenta general.
El Convenio SNP ha sido ratificado hasta ahora por 3 países: Canadá, Noruega y Turquía. La cantidad total de carga sujeta al pago de contribución ha alcanzado los 28.7 millones de toneladas, es decir, el 72% de lo requerido para su entrada en vigor.
LJP
