Dragado del canal Martín García: Argentina rechaza acusaciones de irregularidades

(icndiario)El Gobierno argentino, a través de la cancillería, emitió un comunicado que en el que especifica, desde su punto de vista, los detalles de la auditoría de la prorroga del contrato de dragado del canal Martín García del Río de la Plata, que despertó quejas de Uruguay y de medios de prensa argentinos por presuntas demoras e irregularidades en la firma del contrato de prórroga con la empresa Riovía S.A. concesionaria de las obras de dragado, señalización y mantenimiento y de la administración y cobro del peaje del Canal Martín García, donde entre varios hechos, se hablaba de un presunto intento de soborno a funcionarios uruguayos para que se accediera a la firma de la prórroga.
En una parte del comunicado de Argentina se expresa sobre la presunta corrupción “…que el Gobierno uruguayo, a través del Canciller Luis Almagro y el mismo Embajador Francisco Bustillo, en ocasión de su comparecencia a informar al Senado de Uruguay, el 13 de junio pasado, desmintió las versiones sobre los supuestos hechos de corrupción”.
Se debe precisar que las explicaciones del Canciller Almagro y del ex embajador uruguayo en Argentina, Francisco Bustillo, no conformaron a los senadores de la oposición que siguen entendiendo que existieron irregularidades, tomando en cuenta las declaraciones del embajador itinerante del Gobierno uruguayo y hombre de confianza del presidente Mujica, Julio Baraibar, quien dijo públicamente que Bustillo le había comunicado el intento de un soborno ocurrido dos años atrás y también se lo informó al canciller Luis Almagro. Todos como funcionarios públicos tienen la obligación por ley de denunciar estos presuntos delitos.
A estas declaraciones de Baraibar se sumaron los dichos del vicecanciller uruguayo Roberto Conde, quien no solo reconoció las versiones de un “arreglo”, sino que dijo que pueden involucrar a los delegados argentinos ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).
Conde expresó que “En realidad hay una transmisión oral a un funcionario de la CARP que dice haber recibido una versión, de una persona externa, sobre presuntos arreglos. Eso cuando la delegación uruguaya lo recibió, lo dejó registrado en actas, para que no quepa ninguna duda. Si ahora alguien considera que detrás de ello hay una materia investigable, se investigará”, señaló Conde.
Intentando aclarar estas irregularidades, como también las demoras en el inicio del dragado, el Gobierno argentino, emitió, a través de la cancillería el siguiente comunicado oficial sobre el tema:
“En artículos publicados por las ediciones digitales de Clarín y La Nación en el día de la fecha, relativo al informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU) sobre la auditoría de la prórroga del contrato para el mantenimiento del canal Martín García del Río de la Plata, realizada por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), se incurre en importantes imprecisiones e inexactitudes que desvirtúan los hechos y procesos invocados.
Cabe señalar que fue la Cancillería argentina la que propuso como condición para continuar con los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García que ambos países auditen en forma inmediata la prórroga del contrato de dragado, atento a las denuncias de prensa publicadas por medios uruguayos.
Según las versiones de Clarín y La Nación, del informe del TCU se desprenden dos temas importantes. El primero, referido a las supuestas demoras provocadas por la Argentina, las cuales habrían favorecido a la empresa concesionaria (Riovía S.A.). El segundo, respecto a la dudas en cuanto a la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de dicha empresa.
La primera cuestión falsea el hecho de que la CARP, siguiendo las instrucciones impartidas por ambos gobiernos a sus respectivas delegaciones, inició un proceso de negociación con Riovía para prorrogar el contrato. Mientras que la empresa llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares, finalmente concluyó en el acuerdo de prórroga suscripto el 7 de febrero de 2012, por el que se estableció el precio de 15.150.000 dólares anuales. La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares. ¿Será esta reducción de precios la que motiva las notas quejándose de la demora?
En este sentido, es esclarecedor resaltar que el informe de la auditoría uruguaya concluye que dicho precio “demuestra una razonable equivalencia con los acordados en la región por los oferentes que participaron en llamados públicos internacionales por el Uruguay” y, a su vez, la auditoría argentina demuestra que el valor que hubiese mantenido la ecuación económico-financiera de la concesión, ascendería a un valor de 16.900.000 dólares anuales.
Asimismo, es falsa la afirmación respecto a que las supuestas demoras responderían a que la Argentina pretendería retrasar el dragado del canal Martín García para favorecer al canal argentino Emilio Mitre, puesto que contrasta con el hecho irrefutable de que el canal binacional Martín García es utilizado mayoritariamente -en más del 80%- por buques que tienen como destino a puertos argentinos. La Argentina será el país más beneficiado por dicha profundización a pesar de las infundadas creencias de ciertos políticos uruguayos de que la Argentina obtendría amplias ventajas con un canal de menor dragado.
En cuanto al segundo tema mencionado por Clarín y La Nación, sólo resta recordar que el Gobierno uruguayo, a través del Canciller Luis Almagro y el mismo Embajador Francisco Bustillo, en ocasión de su comparecencia a informar al Senado de Uruguay, el 13 de junio pasado, desmintió las versiones sobre los supuestos hechos de corrupción.
Por último, es preciso destacar que el concurso de precios para prorrogar la concesión hasta tanto concluya la licitación para profundizar el canal a 34 pies de profundidad, que según la referida nota de prensa no se realizó por causa de la “actitud argentina”, se encuentra en pleno desarrollo, previéndose la apertura de las ofertas correspondientes el próximo lunes 30 de julio.
Llama la atención que los auditores uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación. Con respecto a dichas dudas, la posición argentina es que las develen lo antes posible a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo”, finaliza expresando el comunicado argentino.