Este texto legal forma parte del plan aprobado el pasado 27 de abril por el Consejo de Ministros y ya se ha sometido al trámite de audiencia previa de agentes sociales, sindicatos profesionales y Comunidades Autónomas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que “en España tenemos que cambiar de mentalidad y trabajar todos juntos para erradicar las conductas propias de la economía sumergida, de no pagar impuestos, de cobrar prestaciones que no se deben cobrar, de hacer trabajar a empleados que no han sido dados de alta, de crear empresas ficticias sólo para cobrar subvenciones o prestaciones”.
Cuando esa gente hace trampas, ha añadido Sáenz de Santamaría, “hace trampas a sus trabajadores, a las empresas de la competencia y a la sociedad en su conjunto, porque quien no paga las cotizaciones está perjudicando a los pensionistas que cobran sus pensiones de las cotizaciones que pagan otros”.
Reformas
La vicepresidenta ha anunciado que se llevará a cabo una importante reforma en la organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contará con “equipos más especializados y numerosos”. Se harán campañas para que aflore el fraude, ya que hay una gran bolsa de fraude en empresas ficticias que no tienen actividad y que dan de alta a trabajadores para cobrar determinadas subvenciones o prestaciones.
Soraya Sáenz de Santamaría también ha avanzado que “habrá más vigilancia y control en el caso de despidos colectivos y expedientes de regulación de empleo, donde se han detectado importantes bolsas de fraude”.
El Anteproyecto modifica el Estatuto de los Trabajadores en el campo de las contratas y subcontratas. Hasta ahora la responsabilidad solidaria entre contratista y subcontratista por el incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social era de un año, y a partir de ahora será de tres.
Asimismo se modifica la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que todas las Administraciones colaboren en la lucha contra el fraude. El Consejo General del Notariado facilitará que se crucen los datos para detectar empresas ficticias.
La vicepresidenta también ha avanzado que “a partir de ahora será una sanción grave no cotizar por los salarios de tramitación o por las vacaciones devengadas o no disfrutadas o tener trabajadores declarados a tiempo parcial y que estén trabajando a jornada completa”. Las sanciones serán más graves cuando afecten a un nutrido grupo de empleados.
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