El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El texto se presentó el pasado 23 de marzo y se colgó en la web del Ministerio de la Presidencia y en otras webs institucionales hasta el 11 de abril para que los ciudadanos hicieran las aportaciones que consideraran oportunas.
La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que durante este periodo el texto recibió 78.000 visitas. Los particulares, administraciones y organizaciones no gubernamentales han enviado casi 3.700 aportaciones “de muy diversa índole y muy diferente calado”. “Se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse porque respondían a la filosofía de esta ley, en la que vamos a procurar que lo que se incluya, se cumpla. Sería fácil incluir cuestiones que queden en papel mojado”, ha aclarado Sáenz de Santamaría.
Entre las las aportaciones de la consulta pública, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que “se ha aceptado la sugerencia de incluir a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público”.
Por otra parte, los adjudicatarios de contratos públicos tendrán que hacer transparente la gestión de los mismos. Además, se ofrecerá una información trimestral de los montantes y principales elementos de los contratos de poca cuantía, hasta ahora excluidos de la ley.
Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. La vicepresidenta ha concretado que “es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los Ministerios y entidades incluirán su información” para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a “un único órgano que se encargará de redistribuirla”.
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que los ciudadanos han reclamado la conversión del silencio negativo en positivo, pero la petición ha sido desestimada porque hay materias sensibles para la seguridad ciudadana y la defensa nacional, por lo que “actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que entendemos que hay que preservar”.
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que reforzará su independencia ya que su presidente se nombrará mediante un régimen similar al de otros organismos supervisores. La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno no quiere crear nuevas agencias ni estructuras “que cuesten dinero a los ciudadanos”.
Código de Buen Gobierno
En el Código de Buen Gobierno se ha acotado el régimen de procedimiento sancionador de los altos cargos que incumplan las normas previstas en la ley. El Consejo de Ministros será el órgano sancionador para los ministros y secretarios de Estado. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sancionará la conducta del resto de altos cargos que vulneren tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Además, Sáenz de Santamaría ha anunciado que se aprobará un plan de simplificación normativa “que tiene por objeto que haya menos y mejores leyes, que los ciudadanos y operadores económicos y jurídicos se encuentren con normas más sencillas, menos numerosas y mejor hechas”.
Una vez que el proyecto supere todos los trámites, la parte de la Ley que se refiere al Código de Buen Gobierno entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, y la parte relativa a los portales de transparencia lo hará en el plazo de un año.
Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado a los periodistas que la Casa Real no forma parte de las Administraciones Públicas y, por tanto, como ocurre en otros países, no se someterá a dicha ley.
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