El mismo se dio a conocer en conferencia de prensa en la sede del Poder Ejecutivo por Federico Graña Director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que dirige la Comunista Marina Arismendi en el marco del Día Internacional contra la Homo-lesbo-transfobia en Montevideo.
La intención del Poder Ejecutivo es que el proyecto que incluye un régimen reparatorio para las personas transexuales que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 se convierta en ley para fines del presente año.
El proyecto de ley establece en el artículo 7, que “a partir del 1º de enero de 2018” recibirán una indemnización las personas transexuales nacidas “antes del 31 de diciembre de 1975, que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional” durante la dictadura cívico militar (1973-1985).
También, podrán recibir un régimen reparatorio aquellos transexuales de más de 41 años que hayan sufrido “daños morales, físicos y/o psicológicos e impedimentos en el ejercicio pleno de su derecho (…) debido a prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado”.
El Director de Promoción Social del MIDES Federico Graña declaró que así como se “reconoció a una numerosa cantidad de la población que sufrió por pensar distinto y sufrió la persecución de la dictadura”, también se ha de “reparar” a aquellas personas “que por ser distintas también sufrieron una persecución”, haciendo referencia a los transexuales.
Además, el artículo cinco destaca que hay que modificar el trámite judicial para la adecuación de registro de nombre y sexo, que está regulado por la Ley 18.620.Así, esta medida dejaría de ser un procedimiento judicial para convertirse en un proceso administrativo.
El proyecto de ley también incluye el “reconocimiento de que la población transexual ha sido históricamente víctima de discriminación”, y le establece derecho a esta minoría a “una vida digna” y da una condición legal a las “intervenciones quirúrgicas” o “tratamientos de hormonas”.
De igual manera, el proyecto quiere incorporar un cupo del 2 % para que esta minoría pueda acceder a “becas y apoyos estudiantiles” y propone que este grupo de personas tenga prioridad “para garantizar el acceso a la vivienda”.
La presentación de este proyecto ya trajo una catarata de críticas desde los sectores conservadores de los partidos de la oposición uruguaya que no ven con buenos ojos los avances en derechos democráticos que se puedan generar para las personas del sexo disidente en general, y para las personas trans en particular.
Es de recordar el papel jugado por el Partido Nacional en el parlamento tanto en la discusión de la ley de matrimonio igualitario, como en la de cambio de nombre y sexo registral.
En ambas instancias el Partido Nacional se opuso a dichos proyectos, principalmente desde su ala derecha: el herrerismo, con la particularidad de la bancada evangélica del diputado Gerardo Amarilla, opositor a la reivindicación de derechos democráticos por parte del movimiento de la diversidad sexual.
La discusión llevara muchos debates de aquí a fin de año.
Jorge Basur
Opinión
