En el dictamen del Consejo Europeo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de España, se expresa en forma textual en una parte del documento que:
España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, especialmente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes adjudicadores a todos los niveles de la Administración.
El Gobierno ha presentado algunas medidas en 2017 que mejorarían el sistema de supervisión de la contratación pública y están pendientes de aprobación parlamentaria.
Lucha contra la corrupción
España ha avanzado en la lucha contra la corrupción, especialmente por lo que se refiere a la transparencia del proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo y más concretamente en lo que respecta a la promulgación de legislación relativa a la financiación de los partidos políticos, la publicidad patrimonial y los conflictos de interés. Se trata ahora de centrar la atención en la aplicación de estas medidas. No obstante, a pesar del incremento del número de investigaciones en casos de corrupción a escala local y autonómica, ni se han diseñado estrategias preventivas específicas en esos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre ellos.
Por otra parte, tampoco se ha hecho hasta ahora un seguimiento específico de otras deficiencias, como la ausencia de legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión. Otra cuestión digna de ser mencionada es la relativa a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. Si bien en 2015 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de limitar los plazos establecidos para las investigaciones y reducir los retrasos injustificados en los procedimientos penales, esta medida podría conllevar impunidad en los asuntos complejos de corrupción en los que los plazos fijados fueran insuficientes para instruir las causas.
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Opinión
