El Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de Colombia, Rafael Pardo afirmó que tanto el gobierno como las FARC están de acuerdo en que reducir el área de coca es fundamental para la sostenibilidad de la paz en Colombia.
“Tanto el Gobierno de Colombia como las Farc entienden que mientras exista esa área de cultivos de coca, la paz no va a ser sostenible. Por lo tanto, hacer la paz sostenible significa reducir sustancialmente el área cultivada en hoja de coca”, manifestó.
Las declaraciones las realizó el representante de gobierno en el marco de su participación en el 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reunió en Viena, Austria, donde explicó la política de sustitución de cultivos ilícitos en marcha luego de la firma de los acuerdos de paz con las Farc.
“Mientras exista una mata de coca o un arbusto de coca, alguien va a comprar las hojas, alguien va a procesarlas en cocaína y ese alguien es parte de un grupo armado, de un grupo ilegal o de una mafia. Por eso reducir el área de coca es fundamental para la sostenibilidad de la paz”, subrayó.
En este sentido explicó que uno de los seis puntos del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es el tratamiento a las drogas ilícitas, ya que las drogas, sobre todo los cultivos de coca, han sido como “una gasolina” que ha mantenido por años el conflicto.
En esta línea explicó según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el área de producción de coca en Colombia muestra un aumento muy grande entre el año 2014 y 2015, los que se concentran en 5 departamentos del país donde está el 81 por ciento del cultivo de hoja de coca en Colombia.
Ante esto el gobierno ejecuta tres elementos fundamentales en la política antidrogas que son la lucha contra la criminalidad, el juzgamiento de las personas vinculadas a las organizaciones de tráfico de drogas, el desarrollo de los territorios y el desarrollo a través del desarrollo agrícola y rural de las zonas donde se cultiva coca, y una política en la cual el consumo es tratado como un enfoque de salud pública.
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