Por R.C. Gómez.-
Las ilegalidades del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela (TSJ), son ya un atentado directo a la Carta Magna, con decisiones que demuestran que son claramente un Poder al servicio del régimen, al cual sirven de manera vergonzante, arrodillándose vilmente sin ningún recato.
Los magistrados del TSJ, son capaces de torcer cualquier ley en beneficio del gobierno de Maduro, ante la incredulidad mundial que ve en estos jueces, a los verdaderos enemigos de la democracia.
La connivencia entre el régimen dictatorial y el Tribunal Supremo es inocultable y demuestra el panorama de una justicia que no existe en Venezuela.
Ahora, los magistrados chavistas han resuelto pasar por encima de la Asamblea Nacional y validar las atrocidades que decide el gobierno autoritario de Venezuela.
En otra canallesca interpretación exponen en un comunicado digno de una dictadura: “La Sala Constitucional interpretó el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y declaró la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional; por lo que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras del gabinete ejecutivo presentarán sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en garantía de la democracia participativa, entre otros valores, principios y normas constitucionales.
Así lo indica la sentencia número 90/2017 publicada este viernes en la cual se señala, entre otros aspectos, que la Sala Constitucional ha venido realizando pronunciamientos en sus decisiones números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del año 2017, en las cuales se ha ratificado el carácter de nulos e inexistentes todos los actos emanados de la AN, mientras permanezca en situación de desacato a las sentencias del TSJ”.
El desacato inventado por los lamentables magistrados, es por el presunto desacato de la AN por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue anulada por el TSJ en forma ilegal.
Al comenzar la legislatura de este año y para “cumplir” con la resolución del TSJ, la Asamblea Nacional destituyó a esos tres diputados, pero luego otra vez en payasesca interpretación, el Tribunal Supremo, volvió con otra aberración jurídica expresando que esos tres legisladores debieron ser destituidos en la anterior legislatura y no en la actual, por lo cual seguían en desacato.
El régimen del terror que impera en Venezuela, llega ya a límites insospechados, porque los jueces del TSJ no ofrecen la menor garantía de imparcialidad.
La descabellada y servil sentencia del TSJ termina señalando:
“Si bien en situaciones de normalidad constitucional, conforme al artículo 244 de la Carta Magna, los Ministros o Ministras deberían presentar ante el parlamento venezolano, y por analogía el Vicepresidente Ejecutivo de la República, dentro de los primeros 60 días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley; no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación de presentación de memoria razonada no debe tener lugar ante el mismo.
Asimismo, la Sala reiteró que mientras la Asamblea Nacional continúe en desacato a las decisiones emanadas del Alto Tribunal, todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, incluyendo las leyes que sean sancionadas (ver sentencia de esta Sala N° 2/2017); sin menoscabo de la responsabilidad individual de los miembros respectivos del órgano legislativo, que se encuentra en tal situación.
Finalmente, la sentencia ordena notificar de la presente decisión al Vicepresidente Ejecutivo, ciudadano, Tareck El Aissami y a los Ministros y Ministras, así como la publicación de la misma en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.
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