
La intervención militar responde a una petición del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que discutió el asunto con el presidente Michel Temer en una audiencia en el Palacio del Planalto.
Una autorización similar se concedió la semana pasada al vecino estado de Espírito Santo, donde familiares de policías militares bloqueaban cuarteles en protesta por bajos salarios.
En la zona céntrica de Río de Janeiro, esposas y familiares de policías también se encuentran acampadas frente al batallón de antimotines, cuya entrada está bloqueada.
Las manifestantes demandan el pago de horas extraordinarias referentes al segundo semestre de 2016, incluyendo las relativas a las labores durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El gobierno también debe a los policías el aguinaldo y premios por el logro de metas.
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