Carlos D. Mesa escribe sobre el caso Doria Medina en Bolivia

Samuel Doria Medina: La Libertad en Jaque

Escribo estas líneas como ciudadano, no como ex Presidente de la República y menos como pre-candidato a la presidencia que ni soy ni pretendo ser.
Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa (de mayoría masista) consideró que se debe juzgar al líder de la oposición Samuel Doria Medina (quien obtuvo el 24,23% de los votos en las elecciones de 2014) por el caso FOCAS. Se acusa al ex ministro Doria Medina y otras diez personas –entre varios delitos- de contratos lesivos al Estado. Como consecuencia de ello se libró una solicitud de detención preventiva en su contra, cuestión que se discernirá en los próximos días en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
¿El caso involucra casualmente a la principal figura de la oposición política al gobierno? No, no es ninguna casualidad, es parte de una lógica que el Poder Ejecutivo aplica desde que llegó al gobierno hace casi once años y se llama judicialización de la política. La máxima es: “Ataca a tus enemigos y destrúyelos con el impecable celofán de la mano de la justicia y la lucha contra la corrupción”.
Quienes hacen el mayor eco de la investigación y las acusaciones son los dos primeros mandatarios del Estado. El Presidente escribió: “los corruptos no dejan de ser colonizados, huyen al norte a quejarse a sus amos…”, refiriéndose al viaje de Doria Medina a los Estados Unidos para presentar su situación ante la OEA. El vicepresidente comenta un documento de descargo presentado por el acusado en los siguientes términos: “Ningún documento, ninguna declaración de ninguna embajada del mundo…está por encima de la ley boliviana. El documento de la embajada norteamericana vale para EEUU, no vale para Bolivia”. La cabeza del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo, pasando por encima de otro poder del Estado, califican al ex ministro de corrupto y deciden qué documentos tienen valor legal o no lo tienen para la justicia boliviana. ¿Puede alguien pensar, sobre estas evidencias, que este no es un juicio político con intenciones de desacreditar y destruir a un opositor?
Pero lo dramático es que los acusados si se someten a la justicia probablemente pasarán del sartén a las brasas. Los ciudadanos han vivido en carne propia el descalabro producido por las elecciones judiciales de 2011. El propio Jefe del Estado ha reconocido que uno de los temas en los que su administración falló es en el intento de mejorar la justicia que hoy está peor que nunca. ¿Quién puede en Bolivia esperar una justicia transparente y creíble? Casi nadie, y menos que nadie un político que es víctima de esta forma de judicialización.
Veamos ahora el fondo jurídico del tema. Se trata de un caso ocurrido hace veinticinco años (1991). Los supuestos delitos que justifican la imputación prescribieron mucho antes de la promulgación de la CPE de 2009. Y que nadie diga que en su art. 123, la Carta Magna establece explícitamente que los delitos de corrupción no prescriben y que en este tema se aplica la retroactividad, a la que se suma la Ley Quiroga Santa Cruz (004).
Ocurre que el 13 de agosto de 2012, en su sentencia 0770, el Tribunal Constitucional (TCP) estableció en sus fundamentos en torno a la constitucionalidad de la citada Ley 004 que: “no debe ser entendido en sentido de que sea posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas en la Ley”. En buen romance, el TCP, reconociendo un valor esencial de los derechos humanos universales, dice claramente que ni esa ni ninguna Ley puede ser aplicada retroactivamente.
A su vez, el Código Procesal Constitucional dice en su art. 15 que “las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el TCP constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante”.
Queda claro, por las razones citadas, que en el tema FOCAS, al no aplicarse la retroactividad de la ley, ni el ex ministro Doria Medina ni las otras personas involucradas pueden ser imputados en ningún tribunal del país.
La libertad no puede ser la moneda de cambio de la lucha política. Atentar contra este principio, atacado a través de inconsistentes argumentos jurídicos, le hace un daño mayor a los valores más importantes de una sociedad democrática.
Por todo ello, expreso mi solidaridad con Samuel Doria Medina, afectado en lo personal y en lo público por una arbitrariedad del poder.