En su dictamen, el titular de la Fiscalía Federal N°8 reseñó que el expediente se inició “con la denuncia del Diputado Nacional Martín Osvaldo Hernández, en la cual solicita que se investiguen diversos sucesos criminales vinculados a la gestión del Dr. Mariano Recalde, quien ejerció el cargo de Presidente de las empresas estatales Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Sociedad Anónima, desde el 16 de julio de 2009 hasta el 11 de diciembre de 2015”. A través de noticias periodísticas, el diputado habría tomado conocimiento de un contrato suscripto entre ambas aerolíneas en agosto de 2015, “por el cual la primera se comprometía a pagar a la segunda una suma mensual en dólares equivalente a 210 horas de vuelo, más el costo del combustible, asegurando a ésta empresa privada una ganancia en esa moneda extranjera representativa del 12 % de los costos de explotación, por el alquiler de los aviones”.
“Según lo indicado en los distintos informes periodísticos citados en el escrito de denuncia, éste vínculo comercial habría generado que se giraran a la empresa Sol Líneas Aéreas casi 40 millones de pesos provistos sin contraprestaciones de servicio. En otro informe se indica que se aseguró a la firma privada una ganancia de 70 millones de pesos, pase lo que pase y que se pagó un costo de 80% más caro lo que cuesta cada uno de los asientos que vende Aerolíneas”, repasó Zoni. Sobre ese punto, consideró que corresponde “iniciar una investigación criminal tendiente a establecer si existieron pagos ilegales vinculados al contrato suscripto entre Aerolíneas Argentina S.A. y Sol Líneas Aéreas S.A.”, a los fines de determinar si existieron conductas que perjudicaron las arcas del Estado Nacional. Para ello, le sugirió al Juzgado Federal N°5 la producción de una serie de medidas de prueba, entre las que se cuentan pedidos de informes al Ministerio de Transporte de la Nación, a la Administración Nacional de Aviación Civil y a la propia compañía nacional.
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