La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que la crisis de personas desaparecidas en el país pueda considerarse un crimen de lesa humanidad, como sugirió recientemente el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que esa categoría jurídica no corresponde a la situación mexicana actual.
Sheinbaum argumentó que el concepto de crimen de lesa humanidad implica ataques sistemáticos del Estado contra la población civil, condición que —según afirmó— no se presenta en el México de hoy. En ese sentido, distinguió entre la situación actual y los casos de desaparición forzada que se registraron décadas atrás durante el periodo conocido como la “guerra sucia”.
La jefa del Ejecutivo señaló que las desapariciones vinculadas directamente con autoridades estatales pertenecen a ese contexto histórico y sostuvo que, en caso de que hoy ocurra un hecho de ese tipo, debe investigarse y sancionarse conforme a la ley. “Lo que ocurrió en aquellas épocas ya no sucede”, afirmó, al insistir en que su gobierno no promueve ni tolera ese tipo de prácticas.
Las declaraciones de la presidenta responden a la postura del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que la semana pasada advirtió que, por la magnitud del fenómeno en México, podría analizarse si los casos encuadran dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Sheinbaum defendió que la administración federal está impulsando acciones para enfrentar el problema y localizar a las personas desaparecidas. Según dijo, el gobierno trabaja en coordinación con familiares y colectivos de búsqueda, con el objetivo de combatir la impunidad y avanzar en la localización de víctimas.
Asimismo, rechazó que el Estado mexicano se encuentre rebasado por esta problemática y atribuyó buena parte de las desapariciones a la actividad del crimen organizado.
El debate ocurre en un contexto marcado por la magnitud del fenómeno. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el propio gobierno confirmó recientemente que en el país se contabilizan más de 130.000 personas desaparecidas, una cifra que refleja la dimensión de una crisis que se ha acumulado durante décadas y que continúa siendo uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos en México.
