La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de El Salvador reconsiderar los recientes cambios constitucionales que introducen la posibilidad de aplicar cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años.
El organismo internacional expresó preocupación por el impacto de la medida y alertó que la reforma no se ajusta a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el país. En particular, señaló que la legislación contempla que los casos de niños y niñas condenados a cadena perpetua sean revisados, por regla general, únicamente después de haber cumplido 25 años en prisión.
Para la Oficina, este enfoque entra en conflicto con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los menores que entran en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento orientado prioritariamente a su rehabilitación y reintegración social. Asimismo, subraya que la privación de libertad en estos casos debe aplicarse solo como último recurso y por el tiempo más breve posible.
“La detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad”, señaló la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, en un comunicado.
Además de cuestionar el alcance de la reforma, la institución de la ONU insistió en la necesidad de mejorar las condiciones del sistema penitenciario y garantizar que todas las personas privadas de libertad reciban un trato conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El llamado se produce en medio del debate sobre las políticas de seguridad y justicia penal en El Salvador, donde las autoridades han impulsado reformas legales más severas en su estrategia contra la criminalidad.
