El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al Secretario General trasladar a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, con el objetivo de que el organismo considere medidas que permitan reforzar las acciones del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Tras analizar información disponible sobre el país, el organismo concluyó que existen indicios fundados de que en México se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Según el Comité, estos hechos responderían a patrones de ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil en diversas regiones del territorio.
La evaluación también pone de relieve la dimensión de la crisis. Entre los elementos citados se encuentra el hallazgo de miles de fosas clandestinas en los últimos años. De acuerdo con los datos recopilados, en el país se han localizado más de 4.500 fosas, en las que se han recuperado más de 6.200 cuerpos y cerca de 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos aún sin identificar.
El organismo subrayó que no encontró pruebas de la existencia de una política federal orientada a la desaparición de personas. También tomó nota de la posición del Estado mexicano, que sostiene que una gran parte de estos delitos es perpetrada por grupos delictivos y no por agentes estatales.
No obstante, el Comité señaló que en algunos de los casos denunciados ha recibido información consistente que sugiere la posible participación directa de funcionarios públicos o su implicación mediante autorización, apoyo o tolerancia.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, explicó que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan necesariamente a escala nacional ni que sean diseñados por las más altas autoridades. A su juicio, lo determinante es la magnitud de los ataques, su carácter sistemático o generalizado y el hecho de que se dirijan contra la población civil.
A pesar de las medidas adoptadas por el Estado mexicano en los últimos años, el Comité considera que la situación no ha mostrado mejoras sustanciales, según la información oficial disponible. En su análisis, las instituciones encargadas de atender el problema continúan desbordadas por la magnitud de la crisis, lo que evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales que permitan prevenir nuevas desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
Ante este escenario, el organismo pidió a la Asamblea General valorar la adopción de acciones destinadas a brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, el análisis forense y las investigaciones relacionadas con desapariciones y posibles vínculos entre funcionarios públicos y redes criminales.
Asimismo, el Comité planteó la creación de un mecanismo eficaz orientado al esclarecimiento de la verdad y a la protección de las familias, organizaciones y defensores de derechos humanos que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
