El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, exhortó este martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de selección del nuevo fiscal general y del defensor del pueblo, tras la salida de los titulares de ambas instituciones.
El llamado fue difundido a través de la red social X, donde Ramdin subrayó que los procedimientos de designación deben cumplir con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana. La advertencia del organismo regional surge en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial venezolano.
La elección de nuevas autoridades se produce luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes encabezaron durante casi una década el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, respectivamente. Ambos cargos son considerados piezas clave dentro del entramado institucional del país.
Durante su gestión, Saab consolidó una estrecha alineación institucional con el chavismo y encabezó respuestas oficiales frente a denuncias de corrupción y detenciones masivas durante protestas ciudadanas. Ruiz, por su parte, fue objeto de críticas por parte de organizaciones civiles y organismos multilaterales, que desde 2017 cuestionaron la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo.
El proceso de selección ya comenzó en la Asamblea Nacional, que informó haber recibido 21 nuevas postulaciones: 18 para la Defensoría del Pueblo y tres para la Fiscalía General. Entre los aspirantes figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente se había postulado para el mismo cargo pero luego retiró su candidatura. También aparece entre los nombres la exdiputada opositora Marialbert Barrios como aspirante a la Defensoría.
De acuerdo con cifras oficiales, el número total de postulaciones asciende a 78 para la Defensoría del Pueblo y 76 para la Fiscalía General.
Durante su período al frente del Ministerio Público, Saab aseguró que la institución atendió a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017 y puso en marcha programas de justicia comunitaria que beneficiaron a más de 1,2 millones de personas. A comienzos de este año también anunció más de 400 excarcelaciones tramitadas desde diciembre, en el marco de iniciativas orientadas —según afirmó— a la “pacificación total del país”.
Pese a que en octubre de 2024 la Asamblea Nacional había extendido el mandato de Saab hasta 2031, la coyuntura política cambió drásticamente tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, lo que precipitó la salida de ambos funcionarios.
El proceso de designación no ha estado exento de críticas. Al menos once organizaciones no gubernamentales denunciaron la falta de reglas claras y públicas para la selección, señalando que hasta ahora no se ha difundido el reglamento, el cronograma ni el baremo que se utilizará para evaluar las credenciales de los aspirantes. En la misma línea, dos relatoras de las Naciones Unidas para derechos humanos solicitaron que los nuevos titulares sean elegidos con base en sus méritos e integridad comprobada.
Respuesta desde Caracas
Desde Caracas, el gobierno venezolano respondió con firmeza al pronunciamiento de la OEA. El canciller Yván Gil aseguró que el organismo “carece de toda competencia para pronunciarse” sobre asuntos internos del país.
A través de redes sociales, el ministro recordó que Venezuela ya no forma parte de la organización regional, por lo que consideró “disonante” que su secretario general intente opinar sobre decisiones que —según afirmó— corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional.
Gil también criticó el posicionamiento de Ramdin al señalar que el actual secretario general estaría invocando el legado de su antecesor, Luis Almagro. “Venezuela continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo”, afirmó el canciller, quien calificó como “desatinado” el mensaje publicado por el líder de la OEA.
