Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostiene que el gobierno de Nicaragua habría financiado la persecución de opositores mediante el uso indebido de recursos públicos y la implementación de una red de vigilancia que opera tanto dentro como fuera del país.
El documento, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua tras decenas de entrevistas y el análisis de abundante documentación, describe un modelo de represión institucionalizado bajo la administración de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el presidente del grupo, Jean-Michel Simon, el sistema político nicaragüense habría convertido la represión y la corrupción en herramientas centrales de gobierno. De acuerdo con el experto, la persecución contra críticos del régimen se financia con recursos del Estado, se ejecuta a través de instituciones públicas y se extiende más allá de las fronteras nacionales para impedir cualquier forma de oposición.
El informe sostiene que desde 2018 —año en que estallaron protestas masivas contra el gobierno— se habría desarrollado una estructura paralela dentro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) destinada a canalizar recursos hacia operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades políticas.
De acuerdo con el documento, fondos originalmente destinados a programas sociales, proyectos municipales o gastos operativos fueron redirigidos para financiar acciones represivas, entre ellas la denominada “Operación Limpieza”, desplegada durante la represión de las protestas de 2018.
El jurista Reed Brody, integrante del grupo de expertos, afirmó que el desvío de recursos públicos ha contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. A su juicio, la represión en el país no responde a decisiones improvisadas, sino a un sistema organizado y financiado mediante prácticas de corrupción.
El reporte también describe una extensa red transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a opositores que se encuentran en el extranjero. Según el documento, esta estructura involucra a distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ejército, la Policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de telecomunicaciones Telcor, misiones diplomáticas y operadores vinculados al FSLN.
Las prácticas denunciadas incluyen vigilancia digital, campañas de desprestigio, intrusiones en sistemas informáticos y la difusión de información personal con el objetivo de silenciar a críticos del gobierno.
Asimismo, el informe señala que el gobierno ha retirado la nacionalidad a 452 ciudadanos y ha dejado a miles de nicaragüenses en el exilio en una situación de apatridia de facto al negarles documentos o impedir su regreso al país. También se registraron confiscaciones de bienes, presiones contra familiares y el uso indebido de mecanismos de cooperación policial internacional.
Entre los casos más graves mencionados figura el asesinato en junio de 2025, en Costa Rica, del mayor retirado del Ejército y crítico del gobierno Roberto Samcam, así como otros intentos de homicidio contra opositores exiliados.
El informe también subraya que la represión tiene una dimensión de género. Defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, líderes políticos y miembros de la comunidad LGBTQ+ han sido objeto de violencia, humillación pública y persecución tanto dentro de Nicaragua como en el exterior.
Además, el documento menciona al actual coministro de Asuntos Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, quien —según el grupo— habría formado parte entre 2021 y 2023 de un círculo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional mientras ocupaba cargos diplomáticos.
Ante este panorama, los expertos pidieron al gobierno nicaragüense restablecer el espacio cívico, liberar a las personas detenidas por motivos políticos y desmontar lo que describen como la “arquitectura de la represión”, incluida la disolución de estructuras paramilitares y la derogación de reformas legales restrictivas adoptadas desde 2018.
El grupo también instó a la comunidad internacional a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo el uso de la jurisdicción universal, sanciones selectivas y procesos judiciales basados en tratados internacionales, al tiempo que reclamó medidas para proteger a las poblaciones nicaragüenses exiliadas.
La petición se produce en un contexto en el que el gobierno de Nicaragua ha suspendido su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y se ha retirado de varios organismos de Naciones Unidas, lo que —según los expertos— hace aún más urgente la supervisión internacional.
