La crisis humanitaria y de seguridad en Haití se agrava a un ritmo alarmante. Más de 1,45 millones de personas han sido desplazadas por la violencia en el país, lo que supone un incremento de un tercio en menos de un año, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada Adjunta, Nada Al-Nashif, advirtió de que millones de haitianos han quedado excluidos de servicios básicos como agua, alimentos, atención sanitaria y educación. Esta situación, señaló, está erosionando aún más la cohesión social y debilitando el estado de derecho.
La expansión de la violencia de las pandillas se ha convertido en uno de los principales factores de desestabilización en un país ya marcado por la fragilidad institucional y profundas carencias humanitarias. Años de corrupción e impunidad han reducido la eficacia de la policía y el sistema judicial, minando la confianza de la población en las instituciones.
Aunque se han iniciado algunas investigaciones relacionadas con corrupción y financiación de grupos criminales, Naciones Unidas considera que los avances siguen siendo insuficientes para restablecer el orden institucional. Este vacío ha favorecido una espiral de violencia que se traduce en graves violaciones de los derechos humanos.
Las bandas armadas dominan amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, y se han expandido hacia regiones como Artibonite y el departamento Central. Según la ONU, estos grupos perpetran asesinatos, secuestros y actos de extrema violencia contra quienes se oponen a sus actividades o son percibidos como colaboradores de las autoridades.
El fenómeno no se limita a las pandillas. Grupos de autodefensa y turbas han intensificado los linchamientos y ataques contra civiles, dejando cerca de 600 muertos, entre personas acusadas de pertenecer a bandas y otras sospechosas de delitos comunes. Este ciclo de violencia colectiva agrava aún más la inseguridad.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad han reforzado sus operaciones, lo que también ha derivado en abusos. De acuerdo con datos verificados por la ONU, alrededor de 196 personas han sido ejecutadas sumariamente por agentes policiales bajo sospecha de vínculos con grupos criminales.
A este escenario se suma la irrupción de un nuevo actor: una empresa militar privada extranjera contratada por el gobierno haitiano. Desde marzo de 2025, esta compañía emplea drones y helicópteros armados en operaciones contra las pandillas. Sin embargo, estas acciones han causado la muerte de al menos 60 civiles sin relación con grupos armados, incluidos 13 menores, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales.
La ONU advierte que la combinación de violencia generalizada, debilidad institucional y nuevas dinámicas armadas sitúa a Haití en una posición extremadamente vulnerable, cercana al colapso. En este contexto, insiste en la necesidad de un compromiso sostenido de la comunidad internacional, tanto en apoyo financiero como político.
Por su parte, las autoridades haitianas consideran que la crisis trasciende el ámbito interno. Denuncian que el tráfico ilícito de armas y la actividad de redes criminales transnacionales alimentan la violencia y superan ampliamente la capacidad de respuesta del Estado. En consecuencia, han solicitado mayor cooperación internacional en materia de seguridad, justicia y asistencia humanitaria, así como la aplicación efectiva del embargo de armas para frenar el flujo ilegal que perpetúa el conflicto.
