La violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia continúa siendo una realidad alarmante y persistente. Así lo confirma un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que documenta 972 asesinatos de activistas entre 2016 y 2025, evidenciando un patrón sostenido de ataques que sitúa al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer esta labor.
El documento, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, señala que en promedio unas 100 personas son asesinadas cada año por su trabajo en defensa de derechos fundamentales. Lejos de tratarse de hechos aislados, los expertos subrayan que estos crímenes responden a dinámicas estructurales que incluyen amenazas, desplazamientos forzados y ataques sistemáticos contra líderes sociales.
Durante el periodo más reciente analizado, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, se registraron 410 homicidios de defensores. De estas víctimas, cerca del 23 % pertenecían a pueblos indígenas, aunque también fueron blanco frecuente comunidades afrodescendientes, campesinos, activistas feministas y personas con orientaciones sexuales diversas.
El informe identifica como principales responsables a actores armados no estatales, quienes estarían detrás de más del 70 % de los asesinatos. Estas estructuras operan, en muchos casos, en territorios donde persisten economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería y la tala ilegal, así como a redes de trata de personas. La débil presencia institucional, sumada a altos niveles de impunidad y corrupción, agrava el contexto de riesgo.
A pesar de la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, el informe advierte que la violencia no ha disminuido de forma sostenida. Por el contrario, en varias regiones anteriormente controladas por ese grupo armado, el Estado ha tenido dificultades para consolidar su presencia, lo que ha permitido la reconfiguración de actores violentos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la situación como “desgarradora” y reconoció que, aunque el gobierno ha impulsado medidas relevantes —como el diálogo con la sociedad civil y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata—, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
“El país se encuentra en un punto de inflexión”, advirtió Türk, quien instó a las autoridades a convertir la protección de los defensores en una prioridad estatal. Según el informe, sin acciones más contundentes y sostenidas, la violencia contra quienes lideran causas sociales y comunitarias seguirá siendo una constante en Colombia.
