La justicia, para ser tal, debe ser ciega. Sin embargo, en el Brasil actual, parece haber recuperado la vista solo para elegir estratégicamente a quién castigar y a quién proteger. Lo que debería ser una lucha frontal y ejemplar contra el racismo se ha transformado, bajo la óptica de diversos casos recientes, en una herramienta de conveniencia nacionalista y política.
El rigor para el extranjero, la laxitud para el local
En los últimos meses, hemos visto cómo el sistema judicial brasileño actúa con una celeridad implacable cuando los señalados son extranjeros. Hinchas de Peñarol terminaron tras las rejas por gestos racistas en el marco de la Copa Libertadores, enfrentando penas duras y sin espacio para el arrepentimiento. Recientemente, el caso de una abogada argentina en Río de Janeiro, Agostina Páez, expuso una faceta aún más turbia: tras denunciar una estafa, la joven fue detenida por gestos simiescos. No obstante, los empleados del local, quienes la provocaron con gestos obscenos explícitos —documentados en video—, permanecen en libertad.
¿Es el código penal brasileño aplicable solo según la nacionalidad del infractor? La evidencia sugiere un sesgo alarmante.
La impunidad con camiseta propia
Este doble criterio llega al paroxismo en el ámbito del fútbol profesional. En 2024, durante un encuentro entre Liverpool (Uruguay) y Palmeiras, el jugador brasileño Endrick celebró un gol imitando a un mono frente a la hinchada uruguaya que ofendió a los charrúas. La justificación oficial fue la “falta de intención de ofender” y ningún juez uruguayo lo hizo detener.
Del mismo modo, Deyverson, del Atlético Mineiro, provocó a la hinchada de River Plate en Argentina con gestos similares. En ambos casos, los jugadores brasileños no solo evitaron los juzgados, sino que contaron con una suerte de blindaje mediático y judicial que sus pares extranjeros no poseen. Para la justicia de Brasil, al parecer, el racismo solo es delito cuando no lo comete un compatriota.
Una justicia bajo la sombra del poder político
No se puede analizar este comportamiento errático de los tribunales sin observar la configuración de la cúpula judicial. La influencia del Ejecutivo sobre el Supremo Tribunal Federal (STF) es, por decir lo menos, descomunal. Con siete de los once integrantes designados por administraciones del PT (Lula y Dilma Rousseff), el sistema judicial parece haber abrazado la premisa del Foro de Sao Paulo: capturar el Poder Judicial para garantizar la gobernabilidad y la protección de los propios.
Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la imparcialidad sale por la ventana. Mientras el STF y los juzgados inferiores mantengan este esquema de “amigos y enemigos”, la lucha contra el racismo en Brasil no será más que una fachada para ejercer un nacionalismo jurídico selectivo.
¿Es fiable una justicia que mide el agravio según el pasaporte del acusado? La respuesta, lamentablemente, parece estar grabada en las celdas ocupadas por extranjeros y en los estadios donde los locales celebran con impunidad.
