Un grupo de expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas manifestó este martes su profunda preocupación por información relativa a por lo menos 80 niños y niñas indígenas de Guatemala que habrían sido sometidos a adopciones internacionales irregulares, tras haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”. Los casos se remontan al período comprendido entre 1968 y 1996, en un contexto marcado por capturas y desapariciones forzadas.
Según los especialistas, los menores habrían sido trasladados al centro tras su separación forzada de sus familias, y posteriormente dados en adopción fuera del país bajo procedimientos que podrían constituir graves vulneraciones al derecho internacional. Subrayaron que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que esclarezca la posible participación de autoridades estatales en estos procesos.
Los expertos también advirtieron que las madres y familias afectadas no habrían recibido reconocimiento oficial ni reparaciones adecuadas, pese a la gravedad de los hechos denunciados.
De acuerdo con los estándares internacionales, las adopciones ilegales pueden configurarse mediante múltiples prácticas ilícitas, entre ellas la declaración fraudulenta de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la ausencia de consentimiento libre e informado por parte de los progenitores biológicos, así como la obtención de beneficios económicos indebidos por intermediarios.
En este contexto, las y los expertos solicitaron investigaciones independientes respecto de señalamientos que apuntan a la posible implicación de funcionarios públicos en las adopciones internacionales cuestionadas. Entre las personas mencionadas figura María Consuelo Porras Argueta, actual Fiscal General y jefa del Ministerio Público de Guatemala, quien —según la información recibida— habría ejercido como tutora legal de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, cuando se desempeñaba como directora o administradora del centro.
Los especialistas recordaron que en Guatemala se desarrolla actualmente un proceso de nombramientos judiciales y llamaron a actuar con cautela frente a estas alegaciones, que aún no han sido objeto de una investigación formal. Indicaron además que Porras Argueta aspira a integrar la Corte Constitucional y podría ser considerada para una eventual reelección al frente del Ministerio Público en los próximos días.
En su pronunciamiento, recalcaron que toda persona frente a la cual existan denuncias creíbles de conductas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos —especialmente quienes han ejercido autoridad en decisiones vinculadas a la criminalización o a posibles violaciones graves— no debería ser preseleccionada ni designada hasta que se esclarezcan los hechos mediante una investigación independiente y rigurosa.
Asimismo, enfatizaron que las víctimas tienen derecho a acceder a recursos judiciales y no judiciales efectivos, incluidos mecanismos de esclarecimiento de la verdad, procesos penales, reparaciones integrales y garantías de no repetición.
Finalmente, recordaron que los Estados están obligados, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones asociadas con adopciones internacionales ilegales y desapariciones forzadas. Los expertos confirmaron que mantienen comunicación con las autoridades guatemaltecas para dar seguimiento a estas denuncias y asegurar que se respeten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las personas afectadas y sus familias.
