Madrid / Alicante – Organizaciones sindicales de la Policía Nacional y diversos líderes políticos han alzado la voz de alarma ante lo que consideran las primeras consecuencias de la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según denuncian, se está detectando un flujo de inmigrantes en situación irregular que cruzan la frontera desde Francia e Italia con el objetivo de beneficiarse del proceso que legalizará a medio millón de personas.
Regularización de 500.000 personas y el coste para el contribuyente
El Gobierno ha pactado la regularización de aproximadamente 500.000 extranjeros que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025. Sectores de la oposición y críticos con la medida advierten que este proceso supondrá un alto coste económico que recaerá directamente sobre los ciudadanos españoles contribuyentes.
Los críticos sostienen que la incorporación masiva de personas al sistema legal, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, generará una presión insostenible en las arcas públicas debido a:
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El incremento del gasto en ayudas sociales y subsidios.
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La mayor demanda de recursos en infraestructuras ya tensionadas.
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El coste administrativo y de gestión de un proceso de tal magnitud.
Detección de mafias y traslados en Alicante
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha señalado movimientos inusuales en la Comunidad Valenciana, detectando la llegada a Alicante de ciudadanos sin papeles procedentes de países vecinos. Las investigaciones apuntan a que mafias organizadas están gestionando traslados y documentación para que estos inmigrantes puedan acreditar el tiempo de estancia necesario para obtener los “papeles”, según informó Okdiario.
Ayuso: «Fines electorales a costa del servicio público»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha liderado la carga política calificando la medida de “maniobra electoralista” para conseguir votantes para el PSOE.
“El Gobierno de Sánchez busca inmigrantes pobres para vivir de la pancarta y la subvención, a costa de colapsar los servicios públicos”, afirmó Ayuso.
Impacto previsto de la medida
| Concepto | Cifra / Impacto Estimado |
| Población a regularizar | 500.000 personas (aprox.) |
| Procedencia detectada | Francia, Italia y rutas africanas. |
| Riesgo económico | Aumento del gasto público y presión fiscal sobre el contribuyente. |
| Consecuencia social | Posible saturación en centros de salud y educación. |
La situación mantiene en alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que temen que el “efecto llamada” desborde las fronteras y los recursos policiales en los próximos meses.
