La reciente publicación en el Diario Oficial de El Salvador confirma la entrada en vigor del acuerdo arancelario suscrito entre Estados Unidos y El Salvador, mediante el cual se elimina la tarifa del 10 % que afectaba a determinadas exportaciones salvadoreñas hacia el mercado estadounidense. La medida, firmada el pasado 29 de enero y divulgada oficialmente el 7 de febrero, introduce un esquema de reciprocidad comercial que marca un punto de inflexión en la relación económica entre ambas naciones.
La supresión del arancel consolida el acceso preferencial de productos salvadoreños al mayor mercado del hemisferio occidental, en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de creciente escrutinio sobre estándares de sostenibilidad, transparencia y cumplimiento normativo. Según la ministra de Economía, María Luisa Hayem, la entrada en vigor del acuerdo tendrá un efecto inmediato en los sectores productivos que enfrentaban limitaciones derivadas de barreras arancelarias.
Más allá del impacto directo sobre las exportaciones, el instrumento bilateral establece un marco integral que trasciende la reducción de tarifas. El acuerdo complementa el tratado de libre comercio CAFTA-DR y amplía los compromisos en materia de facilitación comercial, convergencia regulatoria y protección de inversiones. En ese sentido, incorpora disposiciones orientadas a eliminar barreras no arancelarias, armonizar reglamentos técnicos conforme a estándares internacionales y asegurar un trato no discriminatorio a bienes y servicios de ambas partes.
En el ámbito laboral, El Salvador asume el compromiso de adoptar y aplicar efectivamente los derechos reconocidos internacionalmente, así como de establecer sanciones legales frente a eventuales infracciones. El texto también contempla la reversión de cualquier debilitamiento normativo que pudiera haberse implementado con fines de atracción de comercio o inversión, reforzando así la dimensión social del acuerdo.
En materia regulatoria, las autoridades salvadoreñas no impondrán licencias de importación no automáticas a productos estadounidenses, salvo en circunstancias justificadas por razones de salud o seguridad pública. Asimismo, se comprometen a reconocer estándares internacionales en reglamentos técnicos y a otorgar a los organismos de evaluación de la conformidad de Estados Unidos un trato equivalente al dispensado a entidades nacionales.
El sector agrícola queda igualmente cubierto por garantías de no discriminación y por la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en criterios científicos y evaluaciones de riesgo, con el objetivo de evitar restricciones encubiertas al comercio. Paralelamente, el acuerdo abre mayores espacios para la inversión estadounidense en áreas estratégicas como minerales críticos, energía, telecomunicaciones e infraestructura, bajo condiciones equiparables a las de los inversionistas locales y conforme a los estándares mínimos del derecho internacional.
El texto incorpora además disposiciones sobre comercio digital, prohibiendo la imposición de impuestos discriminatorios a servicios digitales estadounidenses y descartando exigencias de transferencia obligatoria de tecnología como condición de acceso al mercado. En este ámbito, ambos países se comprometen a facilitar la libre circulación transfronteriza de datos y a coordinar acciones frente a desafíos de ciberseguridad.
El acuerdo prevé también la firma de un instrumento de cooperación para combatir la evasión de derechos aduaneros y establecer mecanismos conjuntos de control sobre la exportación de tecnologías sensibles vinculadas a la seguridad nacional. En línea con estas disposiciones, El Salvador restringirá la adquisición de determinados insumos nucleares a proveedores que no representen riesgos para la seguridad.
Asimismo, el país centroamericano se compromete a abordar prácticas comerciales desleales, incluyendo la exportación a precios inferiores al valor de mercado y distorsiones que puedan afectar la competencia en Estados Unidos o en terceros mercados. También se establecen parámetros orientados a garantizar condiciones de mercado en sectores como la construcción naval y marítima.
Con este nuevo marco jurídico, ambos gobiernos no solo eliminan una barrera arancelaria puntual, sino que configuran una arquitectura más amplia de integración económica. El alcance del acuerdo posiciona a El Salvador en un esquema de cooperación avanzada con Estados Unidos y proyecta efectos que podrían incidir en la dinámica comercial regional en América Latina.
