El reciente anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España sobre la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años se presenta bajo un envoltorio impecable: la protección de la infancia. ¿Quién podría oponerse a salvaguardar a los jóvenes del discurso de odio, la desinformación y la pornografía? Sin embargo, tras el celofán de la “seguridad digital” se esconde una de las contradicciones más flagrantes del actual Gobierno de coalición.
La ley del embudo digital
Resulta paradójico que el mismo PSOE que hoy califica a las redes sociales como ecosistemas nocivos y cargados de “toxicidad”, sea el mismo que ha profesionalizado el uso de estas plataformas para la señalización pública y la descalificación de adversarios.
Mientras el Ejecutivo tramita leyes para “limpiar” la red, observamos con frecuencia cómo altos cargos y portavoces del partido no dudan en utilizar sus perfiles oficiales para:
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Ejercer la descalificación grosera hacia jueces, periodistas y políticos de la oposición.
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Alentar narrativas que, bajo cualquier estándar objetivo, entrarían en la categoría de discurso de odio por motivos ideológicos.
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Propagar desinformación estratégica para desviar la atención de escándalos de gestión, como es el caso de corrupción que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
¿Seguridad o control de daños?
El Gobierno se queja de la proliferación de discursos agresivos, pero parece olvidar que la polarización en España ha sido alimentada, en gran medida, desde la tribuna digital del oficialismo. Se pretende obligar a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad bajo la premisa de que el entorno es peligroso, pero no hay propósito de enmienda en el tono que el propio PSOE emplea en ese mismo entorno.
“El problema del Gobierno no parece ser el odio en la red, sino el odio que no controlan ellos”
Esta maniobra legislativa corre el riesgo de ser percibida no como un avance social, sino como una herramienta de control. Si el objetivo es realmente un entorno digital sano, la primera verificación que debería hacerse no es la de la edad del usuario, sino la de la coherencia ética de quienes legislan.
La responsabilidad del ejemplo
No se puede pedir a las plataformas que actúen como policías morales mientras desde los ministerios se lanzan campañas de señalamiento a quien piensa diferente. La protección de los menores es una causa noble, pero cuando viene acompañada de un doble discurso tan evidente, se convierte en una cortina de humo para ocultar una realidad incómoda: el Gobierno critica en los ciudadanos las mismas prácticas que ellos ejercen desde el poder.
