El Gobierno de Ecuador anunció este 26 de febrero de 2026 un incremento del 30% al 50% en la denominada “tasa de seguridad” aplicada a determinados bienes importados desde Colombia. La decisión fue comunicada por el Ministerio de la Producción y entrará en vigor el próximo 1 de marzo.
Según el pronunciamiento oficial, el ajuste responde a “criterios de seguridad nacional” y se enmarca en la necesidad de reforzar controles ante amenazas asociadas al crimen organizado y al narcotráfico en la zona limítrofe entre ambos países. Quito sostiene que la medida obedece a la falta de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.
La tasa de seguridad —introducida el pasado 1 de febrero con un recargo del 30%— es presentada por el Ejecutivo ecuatoriano como un mecanismo de control aduanero y de financiamiento de políticas vinculadas a la protección del territorio. Con el nuevo porcentaje, los productos colombianos gravados enfrentarán una carga adicional mayor, lo que podría trasladarse a la estructura de costos de importadores y distribuidores, y eventualmente impactar en los precios al consumidor en el mercado ecuatoriano.
El endurecimiento del recargo se produce en un contexto de creciente fricción bilateral. Colombia cuestionó la legalidad de la medida inicial y presentó una impugnación ante la Comunidad Andina (CAN), solicitando que se declare improcedente el cobro del 30% al considerarlo un gravamen que, en la práctica, operaría como un arancel encubierto.
En paralelo, el Gobierno ecuatoriano interpuso tres reclamos formales ante el mismo organismo subregional, alegando incumplimientos por parte de Colombia a compromisos asumidos dentro del marco jurídico andino. La controversia se suma a otras disposiciones adoptadas en el marco de la disputa comercial, entre ellas restricciones al ingreso por vía terrestre de ciertos productos ecuatorianos al mercado colombiano.
El aumento al 50% modifica de manera sustancial las condiciones del intercambio entre dos economías con un flujo constante de bienes, en momentos en que la agenda bilateral combina seguridad, comercio e integración regional bajo creciente tensión.
