La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más representativa del país, expresó este lunes su rechazo al proyecto de ley de minería presentado recientemente por el presidente Daniel Noboa, al advertir que la propuesta prioriza la atracción de inversiones extractivas por encima de la protección ambiental y de los derechos de las comunidades indígenas.
En un pronunciamiento público, la Conaie señaló que el texto legal no establece mecanismos claros, vinculantes y exigibles para garantizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, un derecho consagrado tanto en la Constitución ecuatoriana como en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado.
La organización indígena también cuestionó la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, al considerar que este cambio reduce la consulta a un trámite meramente formal y limita la posibilidad de una toma de decisiones colectiva real, sin asegurar el consentimiento previo de las comunidades potencialmente afectadas.
Otro de los puntos críticos identificados por la Conaie es la flexibilización de los controles ambientales y administrativos, en particular en lo relacionado con el uso y manejo del agua. Según la Confederación, estas disposiciones debilitan la capacidad estatal para prevenir daños irreversibles y ponen en riesgo ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, fundamentales para la soberanía hídrica y alimentaria del país.
A juicio de la Conaie, el proyecto de ley refuerza un modelo de dependencia extractiva que, lejos de resolver los problemas estructurales del desarrollo, ha profundizado la desigualdad social y la criminalización de la defensa de los territorios. Además, advirtió que la aprobación de la iniciativa podría intensificar los conflictos sociales en las zonas donde se desarrollan actividades mineras.
Ante este panorama, la Confederación hizo un llamado a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y exhortó a la bancada de Pachakutik, su expresión política, así como a otros legisladores, a rechazar la propuesta. Asimismo, demandó la apertura de un debate amplio, transparente y participativo que sitúe en el centro la defensa de la vida, los territorios y los derechos colectivos.
El proyecto de ley fue remitido la semana pasada a la Asamblea Nacional para su trámite legislativo. Desde el oficialismo se ha señalado que la iniciativa busca fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y enfrentar la minería ilegal en el país.
