En un revés judicial significativo para el entorno del ex-presidente Alberto Fernández, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de la firma de su amigo Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. La medida se da en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y desvío de fondos en la contratación de seguros estatales durante la gestión del Gobierno de Fernández con Cristina Kirchner.
Los puntos clave del fallo judicial
El magistrado consideró que existen pruebas suficientes para señalar un esquema de negociaciones incompatibles con la función pública. Los detalles principales de la resolución incluyen:
-
Embargo millonario: La justicia dispuso un embargo preventivo sobre la empresa de Martínez Sosa por un total de $2.870.729.545,61.
-
Vínculos personales: La mirada está puesta en la estrecha relación de amistad entre el broker Martínez Sosa y Alberto Fernández, lo que habría facilitado el acceso a contratos privilegiados.
-
Alcance de la medida: Además de la firma principal, el procesamiento alcanzó a otras seis empresas intermediarias y a un ex-funcionario de la Quinta de Olivos.
El “esquema de intermediación” bajo la lupa
La investigación apunta a un mecanismo aceitado que operó entre diciembre de 2019 y marzo de 2024. Según la justicia, se habría forzado la intervención de estos brokers en contratos entre organismos públicos y Nación Seguros.
El fallo describe una estructura diseñada para el cobro de comisiones millonarias de forma indebida, utilizando la estructura del Estado para beneficiar a actores privados allegados al poder ejecutivo de turno.
Impacto político
Este procesamiento representa uno de los avances más concretos en las causas de corrupción que salpican la administración de Fernández y Kirchner. La justicia busca determinar ahora si existieron órdenes directas desde la cúspide del Poder Ejecutivo para beneficiar específicamente a Martínez Sosa en detrimento de las arcas públicas.
