En una jornada marcada por el paro general de la CGT, el centro de Buenos Aires se convirtió en el escenario de una paradoja política. Mientras miles de personas se movilizaban hacia el Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei —cuya votación se desarrolla hoy en la Cámara de Diputados—, diversas consultas de medios locales revelaron un dato desconcertante: una gran parte de los asistentes admitió desconocer el contenido técnico de la ley a la que se oponen.
Ante las cámaras de TV, varios manifestantes no pudieron precisar qué artículos de la reforma los perjudican, limitándose a consignas generales. Esta falta de información no impidió el despliegue de una protesta masiva que, según el Gobierno, busca mantener “privilegios de la casta sindical” por sobre el bienestar de los trabajadores independientes.
La respuesta oficial: “Extorsionadores” y “Viejas prácticas”
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó entrar en la guerra de cifras de asistencia y optó por un tono confrontativo. Calificó a los organizadores de “extorsionadores” y aseguró que existe un divorcio total entre la dirigencia gremial y la sociedad civil.
“La gente odia a los sindicalistas”, sentenció Adorni, confirmando que el Ejecutivo evalúa multar severamente a gremios de transporte como la UTA y La Fraternidad por el cese de actividades.
Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para cuantificar el impacto negativo de la medida de fuerza en la vida cotidiana de los vecinos:
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800.000 personas sin servicio de subte.
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20 líneas de colectivos paralizadas.
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29.000 turnos médicos cancelados.
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Suspensión total de la recolección de basura.
“Este es el verdadero costo del paro. Viejas prácticas que terminan tomando de rehén al que trabaja. Esa lógica ya no va más”, expresó el alcalde porteño. Mientras tanto, las encuestas reflejan un alto rechazo de la ciudadanía hacia la huelga, en un contexto donde el país debate si el cambio estructural propuesto por Milei es el camino hacia la recuperación o un retroceso en derechos adquiridos.
