En una decisión de alto impacto judicial, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinó este miércoles que la totalidad del material incautado en la reciente fase de la Operación Compliance Cero del Banco Master sea remitido a la Procuraduría General de la República (PGR).
La medida busca que el equipo del Procurador General, Paulo Gonet, realice la extracción y el análisis técnico del conjunto probatorio recabado por la Policía Federal (PF).
El origen de la decisión
La orden de Toffoli responde a una solicitud directa de Gonet, quien evaluó un pedido de reconsideración de la Policía Federal. Inicialmente, el magistrado había ordenado que los materiales permanecieran bajo custodia del Supremo; sin embargo, tras el éxito de los operativos realizados hoy, se consideró necesario que el titular de la acción penal tenga acceso inmediato a las evidencias.
“Las pruebas recabadas deberán ser valoradas por el titular de la acción penal para la adecuada formación del dictamen ministerial sobre la materialidad y autoría de los delitos investigados”, señaló Toffoli en su resolución.
La sombra sobre el STF y el juez Alexandre de Moraes
El avance de la investigación sobre el Banco Master ha generado un clima de tensión en los pasillos del Poder Judicial. El foco de atención se ha desplazado hacia las posibles ramificaciones que el caso podría tener dentro de la propia Corte.
Uno de los puntos más críticos que la PGR deberá esclarecer es el nivel de relación entre la entidad bancaria y el ministro Alexandre de Moraes. Los cuestionamientos surgen a raíz de la actividad profesional del estudio de abogados de su esposa, el cual ha mantenido vínculos laborales estrechos y millonarios con el Banco Master y su propietario en procesos anteriores.
Las recientes revelaciones en torno al magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, en el contexto del escándalo del Banco Master, se centran en supuestas comunicaciones y vínculos contractuales millonarios que han generado una fuerte crisis de confianza y pedidos de investigación en Brasil.
A continuación, se detallan los puntos clave de las conversaciones y hallazgos que exponen al ministro:
1. Contactos con el Banco Central (BC)
Informes de prensa, particularmente de la columnista Malu Gaspar (O Globo), señalan que Moraes contactó al menos cuatro veces al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar temas relacionados con el Banco Master.
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Frecuencia: Se reportan tres contactos telefónicos y una reunión presencial.
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Versión del Ministro: Moraes ha negado rotundamente haber presionado a favor del banco. En tres notas oficiales, afirmó que las reuniones fueron exclusivamente para tratar las consecuencias de la Ley Magnitsky (sanciones estadounidenses) sobre sus cuentas personales y las de su familia.
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Sigilo: El Banco Central ha colocado estas comunicaciones bajo secreto, lo que ha alimentado las especulaciones de la oposición.
2. El contrato de R$ 129 Millones
La Policía Federal (PF) encontró, en el celular del dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, evidencia de un contrato con el estudio de abogados de la esposa del ministro, Viviane Barci de Moraes.
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Monto y Duración: El contrato estipulaba pagos de R$ 3,6 millones mensuales entre 2024 y 2027, sumando un total aproximado de R$ 130 millones.
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Alcance: El acuerdo preveía que el estudio defendiera los intereses del banco ante organismos clave como el propio Banco Central, la Receita Federal (fisco), el CADE y el Congreso Nacional.
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Suspensión: Los pagos se interrumpieron solo después de que el Banco Central decretara la liquidación extrajudicial de la institución en noviembre de 2025.
3. Acusaciones de lobby judicial
Legisladores y analistas han calificado este vínculo como un posible caso de advocacia administrativa o “lobby judicial”.
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Sospecha de Conflicto de Intereses: Se cuestiona si la contratación buscaba servicios jurídicos reales o el acceso privilegiado que el estudio tiene a los tribunales superiores.
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Implicaciones Políticas: Diputados y senadores de oposición han utilizado estos hallazgos para presentar pedidos de impeachment contra Moraes y articular una Comisión Parlamentaria de Inquérito (CPI) que investigue las relaciones del ministro con el banco.
4. La decisión de Dias Toffoli
El caso ha tomado un giro procesal tras la determinación del ministro Dias Toffoli de enviar todo el material incautado en la Operación Compliance Cero a la Procuraduría General de la República (PGR). Toffoli ordenó que el material sea analizado para determinar si hubo delitos de corrupción o fraude, lo que mantiene la atención sobre el nivel de compromiso de Moraes y su entorno familiar en la trama investigada.
