La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado en Tenerife una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La actuación ha culminado con la liberación de 27 mujeres —entre ellas menores de edad— y la detención de 14 personas, incluidos los dos principales responsables del entramado.
Las investigaciones arrancaron en julio de 2024, después de que el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos recibiera un correo electrónico de denuncia. El mensaje alertaba de la actividad de una pareja asentada en Santa Cruz de Tenerife que controlaría varios clubes de alterne y a un grupo de mujeres sometidas a su autoridad.
A partir de esa información, los agentes constataron que los líderes de la red realizaban desplazamientos frecuentes a distintos países de Sudamérica, donde captaban a mujeres jóvenes en contextos de extrema vulnerabilidad. Las víctimas eran atraídas mediante falsas ofertas laborales y promesas de mejora económica que encubrían su posterior explotación sexual en España.
Una vez en territorio nacional, las mujeres contraían una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros, cantidad que debían amortizar mediante la prestación de servicios sexuales. Eran alojadas en viviendas de la isla que compartían con otras víctimas, por las que además debían pagar, y permanecían sometidas a normas estrictas y a condiciones de vida muy precarias. Durante los primeros meses, su movilidad era limitada para evitar posibles controles policiales.
Según las pesquisas, muchas de las afectadas habían aceptado inicialmente trabajar como bailarinas de striptease, pero al incorporarse a los locales comprobaron que eran obligadas a prostituirse durante extensas jornadas. También eran forzadas a consumir drogas y, en algunos casos, eran drogadas sin su consentimiento para reducir su capacidad de resistencia.
La organización obtenía ingresos adicionales mediante estafas a clientes, aprovechándose de su estado de embriaguez o facilitándoles sustancias estupefacientes para realizar cargos fraudulentos con tarjetas bancarias y retiradas de efectivo. Los investigadores han podido acreditar un perjuicio económico superior a los 70.000 euros.
Menores de edad
Durante el desarrollo de la investigación los agentes pudieron constatar la explotación sexual de menores de edad dentro de los establecimientos controlados por la red, localizando en el interior de uno de los clubs a una menor de 16 años que portaba un documento falsificado.
En la fase final de la operación se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría en la Isla de Tenerife, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor, entre ellos 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, diversos relojes de lujo, varias joyas y numerosos terminales móviles.
Con las ganancias obtenidas los investigados habrían conseguido acumular un patrimonio personal que incluye diversas propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero.
