La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas expresó este lunes que acoge con satisfacción la reciente liberación de presos políticos en el país, al considerarla un “paso importante” para las personas afectadas y sus familias. No obstante, advirtió que el alcance de estas medidas es aún limitado frente a la magnitud del problema.
En un comunicado, la Misión precisó que, hasta el momento, solo alrededor de 50 personas habrían sido liberadas, de un total estimado de 800 detenidos por motivos políticos. “Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”, señaló el organismo, al tiempo que subrayó que toda medida que restablezca la libertad de personas detenidas arbitrariamente resulta fundamental para quienes han sufrido “una prolongada incertidumbre, sufrimiento y trauma”.
El organismo reiteró su llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos y de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria. Asimismo, recalcó que cualquier necesidad de atención médica de las personas excarceladas debe ser atendida con urgencia.
En relación con los familiares de las personas detenidas, la Misión subrayó que deben recibir información “clara y oportuna” sobre el destino, paradero y situación jurídica de sus seres queridos, además de garantizarse el acceso y las visitas regulares. “La detención prolongada en régimen de incomunicación, una violación de derechos humanos que muchas personas detenidas continúan enfrentando, agrava el sufrimiento de las familias y debe cesar”, afirmó.
La Misión también exhortó a las autoridades venezolanas a ofrecer información pública sobre los planes de nuevas liberaciones, incluyendo los criterios aplicados, los plazos previstos y el número de personas contempladas. Paralelamente, instó a que las condiciones de detención se ajusten sin demora al derecho internacional, lo que implica acceso a atención médica, visitas con abogados y familiares, y el cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En un contexto más amplio, el organismo manifestó su persistente preocupación por la continuidad de prácticas represivas en el país. Indicó haber recibido reportes sobre colectivos armados que patrullan ciudades, intimidan a la población y realizan requisas e inspecciones de teléfonos, así como denuncias de nuevas detenciones por la expresión de opiniones políticas.
“La necesidad de poner fin a todas las prácticas represivas y de situar los derechos humanos como una prioridad sigue siendo urgente”, concluyó la Misión, al tiempo que instó a la comunidad internacional a hacer de esta exigencia un eje central en el actual momento crítico que atraviesa Venezuela.
