En un movimiento que profundiza la polarización en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó este jueves la totalidad del Proyecto de Ley n.º 2.162/2023. La normativa, impulsada por sectores del Congreso, buscaba reducir las penas de los condenados por los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Un veto en el aniversario del 8 de enero
El anuncio se realizó en un acto cargado de simbolismo en el Palacio del Planalto, coincidiendo con el tercer aniversario de los ataques. Lula defendió la rigurosidad de las condenas, asegurando que los procesados gozaron de pleno derecho a la defensa.
“Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad… condenados con base en pruebas contundentes y no en presentaciones falsas de PowerPoint”, afirmó el mandatario, en una clara alusión a las acusaciones que en su día enfrentó por parte de la operación Lava Jato.
Las sombras sobre la imparcialidad del STF
A pesar de la retórica oficial sobre el “fortalecimiento democrático”, el veto ha reavivado las críticas sobre la composición de la alta justicia brasileña. El foco de la controversia se centra en la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF), órgano encargado de llevar las causas que afectan directamente al expresidente Jair Bolsonaro.
Existen varios puntos que generan suspicacia en la opinión pública y la oposición:
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Composición de la Sala: De los cinco magistrados que integran la Sala Primera, cuatro han sido nombrados por el propio Lula. Esta mayoría absoluta de jueces designados por el actual Ejecutivo en la sala que juzga a su principal rival político levanta serias dudas sobre la separación de poderes.
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El estatus judicial de Lula: Es un hecho jurídico que las causas por corrupción contra Lula da Silva no fueron cerradas por una sentencia de inocencia, sino por una anulación técnica basada en la jurisdicción. El Tribunal determinó que los juicios no debieron realizarse en Curitiba, lo que devolvió los procesos a la casilla de salida, una situación que para muchos críticos representa una “dilación inexplicable” del sistema.
¿Justicia o estrategia política?
Para los defensores de la ley vetada, la reducción de penas era una forma de equilibrar lo que consideran “castigos ejemplarizantes” con tintes políticos. Para el Gobierno, cualquier alivio penal representaría un mensaje de impunidad ante un intento de golpe de Estado.
Lo cierto es que, mientras las causas contra Bolsonaro avanzan con celeridad en una sala afín al Ejecutivo, los procesos originales contra Lula permanecen en un limbo jurídico que parece no tener fin. Este escenario deja a Brasil en una situación delicada, donde la justicia es percibida por una gran parte de la población no como un árbitro neutral, sino como una herramienta de lucha política.
En el sistema judicial brasileño, la imparcialidad de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) es un tema de intenso debate político, especialmente debido al sistema de nombramiento presidencial. Durante sus mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva ha nombrado a varios jueces, pero dos de sus designaciones más recientes (2023-2024) son las que generan mayores cuestionamientos y pedidos de recusación por parte de la oposición.
Los jueces que concentran las dudas sobre su imparcialidad son:
1. Cristiano Zanin (Nombrado en 2023)
Zanin fue el abogado personal de Lula durante los procesos de la Operación Lava Jato. Su defensa técnica fue clave para que el STF anulara las condenas del hoy presidente, permitiéndole recuperar sus derechos políticos.
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Motivo de controversia: La crítica principal radica en su estrecho vínculo profesional y personal previo con el mandatario. Sectores de la oposición argumentan que existe un conflicto de intereses evidente al juzgar causas que afectan directamente al gobierno o a sus aliados.
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Situación actual: La defensa de Jair Bolsonaro ha solicitado formalmente que Zanin sea impedido de juzgar casos relacionados con el expresidente, alegando que su nombramiento fue un premio político.
2. Flávio Dino (Nombrado en 2024)
Dino pasó directamente de la política activa a la máxima corte. Antes de su nombramiento, era el Ministro de Justicia de Lula y uno de sus aliados políticos más vocales.
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Motivo de controversia: Además de su perfil marcadamente político (fue gobernador y senador por el Partido Comunista de Brasil), Dino tuvo enfrentamientos públicos directos con figuras de la derecha brasileña mientras estaba en el Ejecutivo.
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Críticas: Se cuestiona si un exministro del gabinete actual puede actuar con la neutralidad necesaria en procesos donde el gobierno tiene un interés directo.
La Sala Primera del STF, también está integrada por otros dos jueces nombrados por Lula, Cármen Lucía y el nuevo Jorge Messias, junto a Alexandre de Moraes considerado el enemigo de Bolsonaro.
