Según reportes informativos, alrededor de las 2:00 a.m. (hora de Caracas) se inició una ofensiva aérea con bombardeos contra instalaciones militares y explosiones en la capital venezolana. La operación, que se habría extendido por aproximadamente dos horas, llevó al gobierno de Venezuela a activar el estado de excepción y a informar sobre posibles víctimas fatales, aún no confirmadas oficialmente.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, para trasladarlos a territorio estadounidense, donde serían juzgados por cargos de “narcoterrorismo”. En una conferencia de prensa posterior, Trump anunció que su gobierno asumirá el control del país hasta concretar una transición que calificó como “segura, adecuada y prudente”, y advirtió sobre la posibilidad de un segundo ataque de mayor escala. Asimismo, señaló que empresas petroleras estadounidenses gestionarían la producción de crudo venezolano.
La ofensiva armada se produce tras meses de creciente tensión, marcados por un importante despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela y una serie de operativos letales contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Repercusiones regionales y llamado al derecho internacional
En su declaración, Guterres subrayó que, independientemente de la situación interna venezolana, los acontecimientos recientes vulneran principios fundamentales del orden internacional. “Estos hechos constituyen un precedente peligroso”, advirtió, al tiempo que reiteró la obligación de todos los Estados de respetar plenamente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
El Secretario General expresó especial preocupación por el aparente incumplimiento de las normas que rigen el uso de la fuerza e instó a todos los actores involucrados en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho.
En la misma línea, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a actuar con moderación y a respetar estrictamente el derecho internacional. “La protección de la población de Venezuela es primordial y debe guiar cualquier medida que se adopte en el futuro”, afirmó en una publicación en redes sociales.
“La Carta de la ONU no es opcional”
Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, recordó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. “La Carta de las Naciones Unidas no es opcional: es nuestro marco rector, tanto en tiempos de calma como en momentos de crisis”, subrayó, al advertir que un orden internacional pacífico solo es posible si prevalece el Estado de derecho sobre la ley del más fuerte y si los derechos humanos, incluidos los del pueblo venezolano, se sitúan por encima de sus violaciones.
Venezuela pide reunión urgente del Consejo de Seguridad
Tras la ofensiva, Venezuela solicitó formalmente a la ONU la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad. En una carta dirigida a la presidencia del órgano, la Misión Permanente venezolana denunció que las fuerzas estadounidenses ejecutaron “ataques armados brutales, injustificados y unilaterales”, incluidos bombardeos contra objetivos civiles y militares en Caracas y en ciudades de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, así como operaciones con helicópteros y aviones en diversos puntos del país.
Caracas pidió la condena internacional de la agresión, el cese inmediato de los ataques y la rendición de cuentas correspondiente. La sesión del Consejo de Seguridad fue convocada para el lunes 5 de enero a las 10:00 a.m. (hora de Nueva York).
Mantener el foco en los derechos humanos
En un comunicado emitido de manera coincidente con la llegada a Nueva York del avión militar estadounidense que transportó a Nicolás Maduro, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reiteró la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.
No obstante, el grupo de expertos subrayó que dichas violaciones “no justifican una intervención militar de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional”, y llamó tanto a las autoridades venezolanas y estadounidenses como a la comunidad internacional a respetar plenamente las normas internacionales. “Los derechos del pueblo venezolano han sido vulnerados de manera sistemática durante demasiado tiempo. Los derechos humanos deben, sin excepción, ocupar el primer lugar”, concluyó la misión.
