Por Facundo Ordeig.-
“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; no vamos a permitir que esto suceda después de décadas de sufrimiento” declaró el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de la intervención militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa. Pero mientras que la comunidad internacional se divide, especialmente en Latinoamérica, parece ignorarse que aún es necesario detener o neutralizar a la Vicepresidente Delcy Rodríguez, al Ministro de Defensa Vladimir Padrino López, y el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello para que respondan por sus crímenes.
En este sentido, las declaraciones del Presidente Trump comienzan a generar preguntas pues a pesar que no descarta la posibilidad de realizar una segunda ola de intervenciones o incluso desplegar tropas para mantener el control, al ser consultado sobre qué sucedería con quienes mantengan su lealtad para con Maduro, aseguró que el “factor de conversión” sería tenido en cuenta ya que cree que “la mayoría se habría convertido”. Una contradicción no menor pues ¿cómo se puede tener la certeza de qué no promoverá una amnistía que le permita mantener el control a través de ellos sin tener que aumentar la inversión militar en un contexto socioeconómico que le resulta desfavorable? ¿Hasta qué punto la conversión podría garantizar la obediencia de un aparato militar ideologizado durante décadas y hasta qué punto la población civil se mantendrá de su lado cuando ha descartado que María Corina Machado sea capaz de liderar la transición?
Pero esta contradicción no debería llamar la atención dado que es parte de la estrategia norteamericana; una lógica que antepone la administración del poder por sobre la construcción de legitimidad y estabilidad política interna, la cual, cuenta con antecedentes históricos que deberían servir de alerta. En Irak, tras la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos optó, en buena medida, por gobernar a través de sectores del antiguo aparato estatal y militar, subestimando el peso de la legitimidad social, lo que derivó en una inestabilidad estructural que continúa en nuestros días. En Afganistán, la remoción del Talibán en 2001 no fue acompañada por la consolidación de un liderazgo civil sólido e independiente, sino por un sistema sostenido por la presencia militar extranjera, el cual colapsó en cuanto se retiró la tutela ya que ni las fuerzas armadas ni la población civil reconocían como propio el proyecto político impuesto desde el exterior.
En ambos casos, la prioridad fue el control inmediato del territorio, no la construcción de un orden político sostenible, lo que dejó como saldo Estados incapaces de afirmarse por sí mismos junto a sociedades fragmentadas y desconectadas del proyecto que se les intentó imponer, y en este marco, Venezuela no parece un desafío democrático, menos aún un problema para la seguridad nacional norteamericana, sino un problema de administración de recursos pues como bien dijo el Presidente Trump: “Las compañías petroleras van a invertir, van a gastar dinero. Vamos a recuperar el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo… Nos van a reembolsar todo lo que gastemos”.
El régimen chavista debe terminar de caer, es un punto que no se encuentra en discusión, pero los líderes políticos deberían tener en cuenta que, en este momento, se corre el riesgo de que en Venezuela se cambie de administrador, pero no de destino, quedando atrapados en una transición que consolide nuevas formas de dependencia mientras que la tensión geopolítica continúa en aumento.
Gloria al bravo pueblo, quienes esperemos sean capaces de determinar su propio futuro.
