El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se encuentra en el ojo de una tormenta que combina investigaciones financieras de alto nivel con acusaciones de alineación política ideológica. Mientras el presidente de la Corte, Luiz Edson Fachin, defiende la inmutabilidad del tribunal frente a “amenazas”, nuevos datos han intensificado el escrutinio público.
Conflictos de interés: el factor familiar
Uno de los puntos más críticos en la controversia sobre la fiabilidad del STF surge de la investigación al Banco Master. Informaciones recientes han señalado que el despacho de abogados dirigido por la esposa del ministro Alexandre de Moraes habría percibido honorarios millonarios por parte de dicha entidad bancaria.
Este vínculo pone bajo sospecha la objetividad de la Corte, ya que:
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Proximidad ética: La relación financiera entre familiares directos de los magistrados y entidades bajo investigación penal erosiona la percepción de imparcialidad.
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Hermetismo judicial: La decisión del ministro Dias Toffoli de sellar pruebas en la Operación Cumplimiento Cero es interpretada por críticos no como una medida procesal, sino como un posible mecanismo de protección para intereses privados vinculados a la cúpula del poder.
La “captura” de la Primera Sala y el Foro de São Paulo
La estructura actual del STF también es objeto de duros cuestionamientos por su composición. La Primera Sala del tribunal está integrada por cuatro de sus cinco miembros nombrados directamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muchos de estos magistrados son amigos personales o exfuncionarios de sus administraciones anteriores.
Para diversos analistas y parlamentarios de oposición, esta configuración no es casual, sino que responde a las directrices estratégicas del Foro de São Paulo. Este colectivo, fundado en 1990 por Fidel Castro y Lula, establece en sus documentos fundacionales y hojas de ruta la necesidad de:
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Capturar el Poder Judicial para garantizar la impunidad y la gobernabilidad.
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Controlar los aparatos militares.
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Influir en los medios de comunicación.
Esta coincidencia entre la doctrina del Foro y la actual conformación de la Corte alimenta la tesis de que el STF ha dejado de ser un árbitro neutral para convertirse en un brazo jurídico del proyecto político del Ejecutivo.
El discurso de Fachin vs. la realidad política
En su comunicado, Fachin argumenta que “defender a la Corte Suprema es defender las reglas del juego democrático”. Sin embargo, el sector crítico sostiene que las “reglas del juego” han sido alteradas desde dentro.
Conclusión: una crisis de legitimidad
La fiabilidad del STF se encuentra en su punto más bajo debido a una combinación tóxica de opacidad procesal y proximidad política. Mientras el Tribunal se autodefine como la última línea de defensa de la democracia, una parte considerable de la sociedad brasileña y del Congreso percibe una institución donde los intereses económicos de los familiares de los ministros y las agendas ideológicas regionales parecen primar sobre el rigor de la ley.
La negativa a permitir que la Policía Federal y el Ministerio Público actúen con total transparencia en casos que involucran a poderosos grupos financieros solo refuerza la sospecha de que la “defensa de las instituciones” es, en realidad, una defensa del statu quo político.
Los jueces de Lula en la Sala Primera del STF
Cristiano Zanin; abogado personal de Lula y defensor en sus causas judiciales, nombrado por el presidente brasileño en junio de 2023.
Flávio Dino; juez militante del Partido Comunista, amigo de Lula y designado directamente por el presidente en diciembre de 2023. “Siento una inmensa alegría, de que por primera vez un magistrado comunista, llega al STF”, declaró el presidente izquierdista al designarlo.
Cármen Lucía; fue nombrada en su cargo en 2006 por el entonces presidente Lula da Silva.
Luiz Inácio Lula da Silva nominó al fiscal general de la Unión, Jorge Messias, para ocupar la vacante de ministro del Supremo Tribunal Federal (STF). La información fue confirmada por el Palacio de Planalto.
Messias ha participado en otros gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Ejerció cargos estratégicos en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Antes de ser Ministro de la Fiscalía General, fue Subjefe de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil, de 2015 a 2016; Secretario de Regulación de la Educación Superior en el Ministerio de Educación, entre 2012 y 2014; y asesor jurídico en los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, en 2011 y 2012.
