QUITO – En un operativo que ha sacudido el tablero político ecuatoriano este 28 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado ejecutó múltiples allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas. El proceso, denominado “Caso Caja Chica”, investiga una presunta red de delincuencia organizada y lavado de activos que habría canalizado dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del partido político Revolución Ciudadana (RC5) de Rafael Correa en 2023.
Figuras de alto perfil bajo la lupa
La investigación sitúa en el centro de la controversia a los excandidatos presidenciales del correísmo, Luisa González y Andrés Arauz. Según el reporte oficial, las autoridades inspeccionaron el domicilio de González en la madrugada, así como propiedades vinculadas a otros siete implicados, entre los que figuran:
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Rafael Correa: El expresidente (actualmente fugado y residiendo en Bélgica) fue notificado como parte de la indagación.
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Andrés Arauz: Excandidato a la vicepresidencia en el binomio de 2023.
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Patricio Chávez: Asambleísta de la bancada RC5.
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Bibian Hernández: Abogada vinculada previamente a otras investigaciones de lavado de activos.
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Exministros de Finanzas: Fausto Herrera y Patricio Rivera.
La “Ruta del Efectivo” desde Venezuela
La tesis de la Fiscalía sostiene que el movimiento político habría recibido recursos no declarados provenientes del exterior. Se presume que el dinero ingresó al país en efectivo para eludir los controles del sistema financiero y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este hallazgo toma especial relevancia tras la reciente coyuntura regional de 2026, donde la captura de figuras clave del régimen venezolano habría aportado nuevos indicios sobre transferencias irregulares hacia movimientos aliados en el continente.
Reacciones y posturas políticas
Desde la sede de la Revolución Ciudadana en Quito, Luisa González rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de “persecución política” y un intento de “distracción” frente a los problemas del gobierno actual. Por su parte, el requerido Rafael Correa y condenado a más de 8 de cárcel, denunció los allanamientos a través de sus redes sociales como un “abuso” basado en una denuncia con reserva de identidad.
Gravedad institucional
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta 30 años de prisión para los autores de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. De confirmarse estas irregularidades, el caso no solo comprometería la libertad de los líderes correístas, sino que pondría en duda la legitimidad del financiamiento de las organizaciones políticas en Ecuador, afectando directamente la soberanía electoral del país.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoCajaChica: Junto con @PoliciaEcuador, #FiscalíaEc ejecuta allanamientos a 3 inmuebles en #Pichincha y uno en #Guayas, con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación. pic.twitter.com/SqQpLBDSiq
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 28, 2026
