El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido negar el canje de carnets de conducir a más de 222.000 venezolanos con residencia legal en España, una medida que no solo es injusta, sino profundamente hipócrita. Mientras el Ejecutivo se llena la boca hablando de “acogida” y “derechos humanos”, en la práctica condena a miles de exiliados a la precariedad y la exclusión social.
La excusa oficial es que el régimen de Maduro incumple los plazos para verificar la autenticidad de los permisos. ¿Y quién paga el precio? No lo paga Maduro, ni sus jerarcas, ni los que se benefician del saqueo en Caracas. Lo pagan las víctimas: familias que huyeron del hambre, la represión y la corrupción, buscando en España una oportunidad para reconstruir sus vidas.
Zapatero, la sombra incómoda
Lo más indignante es la sospecha que rodea esta decisión. Se dice que Sánchez actuó siguiendo el consejo de José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que hoy es señalado como aliado y asesor del chavismo. ¿Cómo puede un Gobierno que presume de defender la democracia escuchar a quien legitima a una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad? Esta no es firmeza contra Maduro; es complicidad disfrazada de burocracia.
Consecuencias devastadoras
- Trabajo inaccesible: Sin carnet, miles de venezolanos quedan fuera de empleos que requieren movilidad. ¿Cómo integrarse si no se puede ni conducir para ir a trabajar?
- Coste prohibitivo: Sacar un carnet español cuesta entre 1.500 y 2.500 euros. ¿De verdad cree Sánchez que un exiliado puede asumir ese gasto?
- Integración rota: España se presenta como tierra de acogida, pero impone barreras que empujan a la marginalidad. ¿Es esta la solidaridad que tanto pregonan?
La gran contradicción
Mientras Sánchez se fotografía en cumbres internacionales defendiendo la democracia, en casa aplica medidas que castigan a quienes huyeron precisamente de la falta de democracia. Es la política del doble discurso: solidaridad en los titulares, indiferencia en los hechos.
Conclusión: Esta decisión no es técnica, es política. Y es una política que apesta a hipocresía. Si el Gobierno quiere ser coherente, debe dejar de escuchar a quienes asesoran dictaduras y empezar a proteger a quienes las sufren.
