En el marco de la sexta audiencia del juicio de la denominada causa “Cuadernos de las coimas”, este miércoles (2) en la que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (72), otros 19 exfuncionarios, 64 empresarios y dos exchoferes están acusados de asociación ilícita y otros delitos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 rechazó in limine el planteó de recusación formulado por la defensa del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del gobierno kirchnerista, Julio Miguel De Vido (75).
En la jornada de este miércoles estaba previsto que se culminara con la lectura de los restantes fragmentos de la tercera parte de la acusación en la causa, donde se investigó la existencia de una asociación ilícita, que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, entre 2003 y 2015, y montó un sistema recaudatorio de coimas con empresas constructoras, de energía y transporte, a quienes, en contraprestación, se les adjudicaban contratos estatales. Sin embargo, el cronograma se vio alterado por el tratamiento del pedido de recusación formulado por los abogados de De Vido.
La audiencia comenzó a las 13.48 y, luego de que la secretaria del Tribunal María Cecilia Chichizola informara respecto a la asistencia de los imputados y sus defensas, el abogado Gabriel Palmeiro -que representa al exministro, junto a sus colegas Maximiliano Rusconi, Martín Ezequiel Villar e Ignacio Gómez- pidió la palabra y anunció que, esta mañana, habían recusado a los integrantes del TOF N°7 por “razones de decoro”.
En virtud de ello y con el propósito de que los miembros del tribunal se interioricen de la presentación, el juez Méndez Signori anunció un cuarto intermedio de diez minutos que finalmente se extendió casi cuatro horas. Tras retomar la conexión a las 17.45, el tribunal rechazó in limine el planteo y leyó los fundamentos de su resolución.
Según el tribunal, la defensa del exministro de Planificación se agravió de que los jueces hubieran “realizado valoraciones negativas respecto del rol, responsabilidad y conducta de su asistido De Vido. Por ello, la defensa del exfuncionario entendió que “se configuraría un supuesto de prejuzgamiento, vedado por el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación” y por existir “temor de parcialidad”. Así, solicitaron que se aplicaran los criterios empleados al apartar a la jueza Gabriela López Iñiguez -como magistrada sustituta-, quien fue recusada por el Ministerio Público Fiscal. Nada de lo solicitado fue aceptado por el tribunal.
Las próximas audiencias
De acuerdo con el cronograma oportunamente informado, en las jornadas del 4, 9, 11 y 16 de diciembre próximos, se leerán los acápites “El inicio de la causa”, “Los hechos”, “Los descargos de los imputados”, “Los acuerdos de colaboración”, “La valoración de la prueba” y “Autoría y participación” de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, y los cinco primeros párrafos de la contestación de la vista del 4 de diciembre de 2019, en la causa “La Camarita”. También está prevista la lectura de los apartados “Relación circunstanciada de los hechos y motivos” y “Calificación legal” del requerimiento de la UIF.
Finalmente, el 18 de diciembre será el turno de los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se abordaron las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.
Los casos juzgados
La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.
Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
