En un país donde el sentido común parece haberse convertido en el menos común de los sentidos, el sistema judicial vuelve a darnos una lección de desconexión con la realidad ciudadana. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, ha dictado una sentencia que no solo es insólita, sino que hiere de muerte la convivencia democrática: la orden de suspender el protocolo antipiquetes que buscaba devolver el orden a las calles.
El ciudadano a pie, el gran olvidado
La resolución de Cormick parece ignorar un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico: ningún derecho es absoluto. Si bien la protesta es un derecho reconocido, la propia Constitución Nacional establece en sus artículos 14 y 28 que todos los derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Para esta visión de la “Justicia”, sin embargo, el derecho a manifestarse se ha transformado en un “vale todo” que anula sistemáticamente el derecho a la libre circulación, al trabajo y a la seguridad de millones de argentinos.
¿Qué hay del ciudadano que pierde el presentismo por un corte? ¿Qué hay de la ambulancia que no llega o del comerciante que ve su persiana cerrada por la violencia de una facción? Para el juez Cormick, esos derechos no parecen tener el mismo peso que la voluntad de un sindicato o una organización social de sitiar la vía pública a su antojo, ignorando que el ejercicio de una libertad no puede significar la supresión de las libertades ajenas.
Una parcialidad que no sorprende
No se puede analizar este fallo de manera aislada. El juez Cormick es el mismo que, apenas la semana pasada, dictó la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, marcando una agenda claramente confrontativa con el Ejecutivo actual.
Pero los antecedentes explican el presente. Antes de vestir la toga, Cormick fue un funcionario de pura cepa del esquema kirchnerista: fue titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y ocupó cargos en el PAMI. Esta trayectoria en administraciones que hicieron del corte de calle un método de presión política tiñe de una sospecha inevitable su supuesta imparcialidad.
Para entender este fallo no hace falta leer tratados de derecho, sino revisar el currículum del magistrado. El juez Cormick no aterrizó en su despacho por un azar del destino, sino tras una larga trayectoria como cuadro técnico y político de los gobiernos kirchneristas.
Su pasado lo delata: fue titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y funcionario del PAMI durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, Cormick formó parte del engranaje de una estructura política que durante años utilizó el corte de calle y el financiamiento de organizaciones sociales como un método sistemático de presión y control territorial. Hoy, sentado en el estrado, parece estar devolviendo favores o, peor aún, ejerciendo una “resistencia” judicial contra el cambio que eligió la sociedad.
El transporte público como rehén de la ideología
Este fallo no es una abstracción jurídica; es un golpe directo al bolsillo y al tiempo del trabajador. Al anular el protocolo, Cormick le devuelve “el botón de pánico” a los sindicatos y grupos de choque para que paralicen el transporte público cada vez que sus intereses se vean afectados.
¿Qué independencia puede garantizar un juez que fue parte de la administración que fomentó la cultura del piquete? El mensaje es claro: si usted depende del colectivo o el tren para llegar a su trabajo, su libertad vale menos que el capricho de un dirigente social. Para Cormick, el ciudadano de a pie es un actor secundario frente a la prepotencia de las facciones que él mismo ayudó a gestionar en su pasado como funcionario.
La anuencia del mazo
El protocolo antipiquetes no buscaba reprimir ideas, sino establecer que el límite de la protesta es la ley. Sin embargo, con este fallo, se le devuelve el poder a los prepotentes.
Lo más grave de la sentencia es el mensaje que envía a la sociedad: la violencia y el bloqueo están avalados por el mazo de un juez. Ahora, quienes deciden pisotear el derecho ajeno no solo cuentan con sus propios métodos de coacción, sino con la anuencia judicial para seguir haciéndolo bajo el disfraz de una “protección de derechos” que solo beneficia a los que cortan.
“La libertad de manifestarse no puede ser la excusa para convertir a los trabajadores en rehenes de la voluntad de un dirigente sindical.”
Mientras los jueces sigan fallando con el espejo retrovisor de su militancia pasada, la seguridad jurídica y el respeto por el prójimo seguirán siendo una utopía en la Argentina.
