En el último gran hito previo al balotaje presidencial de este domingo 14 de diciembre, la candidata oficialista, Jeannette Jara y el conservador republicano, José Antonio Kast se enfrentaron en un debate televisivo organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel). La cita, que se extendió por dos horas y media, se convirtió en un escenario de alta confrontación donde ambos candidatos endurecieron postura en temas clave.
La instancia estuvo dividida en nueve bloques temáticos: seguridad ciudadana y crimen organizado; economía y costo de la vida; convivencia social, cohesión e identidad; gobernabilidad y política; políticas sociales en pensiones y empleo; políticas sociales en salud, vivienda y educación; relaciones internacionales; inmigración y control fronterizo; y corrupción, probidad y uso de los recursos públicos. Las discusiones sobre seguridad y migración marcaron la tónica del encuentro.
En materia de seguridad, Jara aseguró que no firmará indultos en su eventual gobierno y que considera necesario evaluar un estado de excepción si la situación delictual continúa al alza. “Voy a usar todas las armas que me dé el Estado de derecho para resguardar la seguridad”, afirmó. Además, en uno de los momentos más tensionados, cuestionó a Kast por su respaldo histórico al exagente de la dictadura de Augusto Pinochet, Miguel Krassnoff, condenado por crímenes de lesa humanidad, al que se refirió irónicamente como “tu amigo”.
El debate migratorio también generó fuertes contrapuntos. Jara propuso iniciar su administración con el empadronamiento obligatorio de toda la población extranjera. “Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quiénes están en Chile. Los que no se empadronen, se expulsarán”, sostuvo.
Kast, por su parte, negó cualquier posibilidad de indultos, distanciándose de versiones surgidas en su propio sector sobre conmutaciones de penas. “No vamos a liberar a ningún preso por la ley de drogas ni por delitos graves. Todos cumplirán sus penas completas en Chile”, señaló.
Asimismo, el candidato republicano reafirmó su postura de línea dura en política migratoria: aseguró que no regularizará a ninguno de los 330.000 migrantes irregulares y advirtió que “les quedan 92 días” para abandonar voluntariamente el país. En esa misma línea, dijo que su gobierno restringirá el acceso a beneficios sociales a quienes no cuenten con documentos en regla.
