Causa Cuadernos: se leyeron los descargos de los empresarios imputados que denunciaron extorsiones del kirchnerismo

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada en el mayor escándalo de sobornos de la Argentina, donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita

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Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, tres de los imputados en la causa Cuadernos. (Foto: Télam)

Fue en la novena audiencia del juicio por corrupción seguido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes. El debate se reanudará el próximo martes 16 de diciembre a las 13.30, cuando se leerán los restantes aportes brindados por los imputados colaboradores y los restantes fragmentos del requerimiento fiscal en la causa denominada “La Camarita”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 continuó este jueves la lectura del requerimiento de elevación a juicio en la investigación por la cartelización de la obra pública civil en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales. Así, en la jornada de hoy se leyó el acápite “Los descargos” y se comenzó con el apartado sobre los acuerdos de colaboración suscriptos por algunos imputados.

En esta causa -que es un desprendimiento de la causa “Cuadernos”- se les imputan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (72), otros cinco funcionarios y 43 empresarios, de acuerdo a cada caso, los delitos de miembros de una asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo. Ello, por los cobros de anticipos financieros a representantes estatales, que facilitaron la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, denominada “La Camarita”.

La investigación desarrollada por el Fiscal Federal Carlos Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública civil.

Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de parte del primer requerimiento de elevación a juicio donde se abordaron las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner. La lectura continuó en las jornadas del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando concluyeron con la primera pieza acusatoria y avanzaron con la acusación por cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y recepción de dádivas, plasmada en el segundo tramo de la investigación.

También, en la jornada del 27 de noviembre comenzaron a leer el tercer requerimiento de elevación a juicio del fiscal Stornelli, cuya lectura concluyeron el 4 de diciembre pasado, luego de que el martes anterior se destinara la audiencia a dar tratamiento al planteo de recusación formulado por la defensa de De Vido, el cual fue rechazado.

Asimismo, en el 9 de diciembre pasado se leyeron los apartados “El inicio de la causa”, “Los hechos” y del cuarto requerimiento de elevación a juicio, en el que se investigó la cartelización de la obra pública civil, a través de los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Si pagabas las coimas te concedían obras públicas

El descargo de Miguel Marcelino Aznar, presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC, uno de los empresarios que explicó9 cómo era la presión que recibían: ”Nos amenazaban y nos repetían que nos iba a ir mal y que era ineludible el pago de la exigencia por disposición de Claudio Uberti, a cargo de la asignación de obras. La suma de la exigencia era de 25 mil dólares mensuales”. También contó que aportó más de 965 millones de pesos.

El listado completo de las 86 personas imputadas puede consultarse aquí.