Tras una extensa sesión especial y un debate marcado por visiones contrapuestas, el Senado chileno rechazó los dos capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, eximiéndolo de la sanción que pretendía inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por cinco años por su responsabilidad política en la trama de errores en los cálculos de las tarifas de la luz, que provocaron que los chilenos pagaran un sobreprecio en sus boletas mensuales entre 2024 y 2025.
La resolución se adoptó luego de que la mayoría de las y los legisladores concluyeran que, aunque la gestión del exsecretario de Estado en el episodio del error tarifario fue calificada como “ineficiente”, no se acreditaron infracciones a la Constitución ni a la legislación vigente.
La votación del primer capítulo —que imputaba al exministro haber vulnerado los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa en la fijación de precios del sistema eléctrico desde el 1 de enero de 2024, generando perjuicios a los consumidores— terminó con 17 votos a favor, 28 en contra y una abstención. El segundo capítulo, relativo a la reacción del Ministerio ante el error detectado por una empresa de transmisión y posteriormente autodenunciado por Transelec, obtuvo 21 votos a favor, 21 en contra y tres abstenciones, resultado insuficiente para aprobar el libelo.
Durante la sesión, quienes rechazaron la acusación argumentaron que no existían elementos jurídicos que permitieran atribuir al exministro una transgresión constitucional. El senador José Miguel Insulza señaló que no se presentaron argumentos que demostraran que Pardow contravino la ley y que, en su opinión, no correspondía juzgar a una autoridad por hechos que no constituyen delito; A su vez, el senador Matías Walker advirtió que reprochar a un ministro decisiones derivadas de órganos técnicos podría interpretarse como una presión indebida hacia organismos autónomos. En la misma línea, Yasna Provoste destacó que la fijación de tarifas es facultad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), no del ministro, y que los errores fueron producto de cálculos técnicos erróneos. También Alfonso De Urresti y Ricardo Lagos coincidieron en que no era procedente imputar al exministro decisiones que no le correspondían legalmente.
En contraste, quienes apoyaron la acusación insistieron en la responsabilidad política del exministro frente a un error que impactó directamente en el bolsillo de las familias. Karim Bianchi cuestionó que el Ministerio guardara silencio ante las inconsistencias detectadas, señalando que el alza tarifaria podría generar un nuevo conflicto social. Rojo Edwards criticó lo que calificó como una falta de transparencia al no informar oportunamente a la ciudadanía. Luz Ebensperger sostuvo que, aunque la CNE realiza el análisis técnico, corresponde al ministro revisar y validar los decretos tarifarios. Pedro Araya planteó que la conducción política no activó los mecanismos de supervisión necesarios, afectando la credibilidad del sistema. Juan Antonio Coloma afirmó que la gestión del exministro fue “ineficiente” y causó un daño que “el país aún no se recupera”.
El caso se originó tras un error metodológico en los cálculos tarifarios que derivó en cobros en exceso y presiones inflacionarias reflejadas en indicadores como el IPC y la UF. La situación motivó la renuncia de Pardow antes de la revisión del Senado. Pese a la gravedad del episodio, la mayoría de la Cámara Alta concluyó que la responsabilidad administrativa recaía en los órganos técnicos correspondientes y no directamente en la autoridad política.
