Bolivia y un Estado fragmentado por intereses ilegales. Durante años, este país ha tolerado zonas donde la institucionalidad se diluye. El caso más evidente es el Trópico de Cochabamba, convertido en bastión de Evo Morales. Allí, el expresidente ha consolidado un poder paralelo, con seguidores armados, para evitar enfrentar los procesos judiciales que pesan en su contra. Esta región funciona como un escudo político y económico, donde las decisiones judiciales se bloquean y la autoridad estatal se relativiza. ¿Puede un país llamarse soberano cuando existen enclaves que desafían abiertamente la Constitución?
El anterior gobierno de izquierdas de Luis Arce, enfrentado a su excompañero Evo Morales, prometió en varias oportunidades ir a detenerle y cumplir con la orden de arresto por trata de personas en el caso de la menor en que el expresidente indígena la dejó embarazada, pero por temor, Arce nunca se animó a ordenar su captura.
La orden del nuevo presidente Rodrigo Paz a las Fuerzas Armadas para “recuperar la soberanía” en territorios donde el Estado ha cedido espacio no es solo un acto de autoridad: es un golpe directo a décadas de permisividad y complicidad política. Su frase —“Aquí no hay dueños del territorio, no hay dueños de regiones”— desmonta la narrativa que ha permitido que ciertos grupos se crean por encima de la ley.
La crítica fácil y la realidad incómoda
Los detractores acusan al presidente Rodrigo Paz de militarizar la política. Pero ¿Qué alternativa queda cuando la institucionalidad ha sido secuestrada por intereses ilegales? La soberanía no se defiende con discursos tibios ni con pactos bajo la mesa. Se defiende con presencia estatal, con ley y, cuando es necesario, con fuerza legítima. Paz lo entiende y actúa en consecuencia.
El desafío que viene
Recuperar territorios no será sencillo. Implica enfrentar estructuras armadas, economías ilícitas y una narrativa victimista que intentará convertir a los infractores en mártires. Pero la inacción sería peor: cada día que el Estado retrocede, la democracia se erosiona y la violencia gana terreno.
Un mensaje claro
Rodrigo Paz no está jugando a la política tradicional. Está enviando un mensaje inequívoco: Bolivia no será rehén de caudillos ni de mafias. Su decisión puede incomodar, puede generar resistencia, pero es el primer paso para reconstruir un país donde la ley no sea opcional.
La historia juzgará si este acto fue el inicio de una Bolivia más fuerte o solo un gesto simbólico. Por ahora, lo que queda claro es que Paz ha hecho lo que otros no se atrevieron: decir que la soberanía no se negocia y actuar en consecuencia.
