La política boliviana vuelve a mostrar sus fisuras en la cúspide del poder. Las declaraciones de la vocera presidencial Carla Faval, cuestionando la ausencia del vicepresidente Edmand Lara durante casi la mitad de los últimos 14 días de gestión, revelan algo más que un simple desacuerdo logístico: exponen una tensión sobre liderazgo, prioridades y comunicación en el Gobierno.
Lara viajó a Brasil para la COP30 —el evento de la agenda climática—, pero su posterior asistencia a la final de la Copa Sudamericana en Paraguay desató críticas. ¿Era indispensable estar en ambos escenarios? ¿O se trata de una lectura errada sobre lo que significa representar al país? Mientras tanto, Faval subrayó que el presidente Rodrigo Paz “no ha abandonado el país” y ha estado “firme tomando decisiones para estabilizarlo”. El mensaje es claro: se busca marcar distancia y reforzar la imagen presidencial frente a un vicepresidente que parece moverse en otra sintonía.
El conflicto no se limita a la agenda internacional. Lara utilizó TikTok para pedir la destitución del ministro de Gobierno, acusándolo de incumplir promesas y tener cuentas pendientes con la justicia. La respuesta oficial fue tajante: “Por TikTok no hablamos”. Más allá del tono, la frase abre un debate sobre cómo las redes sociales están redefiniendo la comunicación política. ¿Es TikTok un canal válido para interpelar al poder? ¿O se convierte en un atajo populista que erosiona la institucionalidad?
Lara acusa a Paz de no atender sus llamados y defiende el uso de TikTok. “Si me convoca estoy abierto al diálogo, pero no contesta las llamadas. Dice que lo va a llamar a uno y no lo llama. Es así o te responde un mensaje cada seis días. Es muy lamentable”, manifestó Lara
A este escenario se suma un ingrediente incómodo: la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Lara, ausente en sesiones legislativas por acompañar a su esposo en sus viajes. El diputado Rolando Pacheco ya anunció un proyecto para impedir que familiares de autoridades electas ocupen cargos en el Gobierno. El reclamo no es menor: la percepción de privilegios familiares golpea la credibilidad de cualquier administración.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la relación entre Paz y Lara, sino la estabilidad de un Gobierno que enfrenta demandas urgentes —como las crisis locales en Samaipata— mientras sus principales figuras se enredan en disputas públicas. La pregunta es inevitable: ¿puede un país avanzar cuando sus líderes parecen más preocupados por marcar territorio que por construir consensos?
