El Gobierno de Perú impulsará una reforma a la Convención de Caracas de 1954, que regula el derecho de asilo en el continente, antes de pronunciarse sobre la solicitud de salvoconducto presentada por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, señalada por el caso del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo que quiso disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, para gobernar sin las instituciones del Estado, en complicidad con Chávez, quien ahora se encuentra refugiada en la embajada de México en Perú.
En un comunicado, la Cancillería peruana señaló que en los últimos años se ha hecho un “uso indebido” de la norma, asegurando que se califican “delitos comunes” como persecución política, lo que acusó que desvirtúa el espíritu original del tratado.
El Ejecutivo adelantó que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación formal del acuerdo para evitar que el asilo sea utilizado con “fines judiciales o políticos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que, una vez concluido este proceso de consultas con los países miembros, se tomarán las decisiones correspondientes sobre la solicitud de México.
