El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció en redes sociales que llevará ante los tribunales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no cumplir en entregar los nombres de los médicos madrileños que son objetores de conciencia y se niegan a realizar abortos.
Analistas políticos sostienen que es claro que Sánchez pretende conocer sus nombres para someterlos y no querer realizar abortos es un derecho que tienen los médicos al negarse a hacerlos.
Al mejor estilo del régimen de Maduro, Sánchez exige que se den a conocer los nombres de esos profesionales y dice que será “confidencial”, pero las continuas filtraciones del gobierno, demuestran que eso no será posible.
En un comunicado emitido este lunes (17), La Moncloa, sede del gobierno español, señala que “El Ejecutivo madrileño se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” y agrega que “Una vez superado el plazo del que disponía el Ejecutivo madrileño para iniciar los trámites de creación del registro, y constatado su rechazo a hacerlo, el Gobierno de España ha iniciado las acciones pertinentes para hacer que se respete la ley. Para ello, ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la Ley 29/1998, con el propósito de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones”.
Díaz Ayuso califica de “dictador” a Pedro Sánchez
En su respuesta en la red X, la presidenta de la Comunidad de Madrid le responde a Sánchez: “Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado”.
La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas.
Un derecho esencial, convertido en negocio.
No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2025
